La resolución fue presentada por Bahamas, Fiyi, Islas Marshall, Panamá, Paraguay, Sudán y la UE, y supone designar a un nuevo relator por un periodo de tres años.

Entre sus responsabilidades están estudiar e identificar cómo los efectos adversos del cambio climático afectan al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos, orientar a los países sobre la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para las políticas de adaptación y mitigación del clima, y trabajar con los Estados para apoyar los esfuerzos nacionales y prestar atención a los desafíos específicos de cada país.

"El respeto y la promoción de los derechos humanos deben guiar el diseño y la implementación de nuestras políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. El nuevo relator especial estará en condiciones de apoyarnos y asesorarnos con este fin, especialmente actuando en plena y estrecha cooperación y coordinación con otros mecanismos y titulares de mandatos pertinentes. Esto envía una fuerte señal, en particular antes de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)", apuntó Lotte Knudsen, jefa de la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas en Ginebra.

Esta decisión se añade a otra resolución también aprobada este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho a un medio ambiente seguro, limpio saludable y sostenible como un derecho humano esencial.

"Ambas resoluciones son el resultado de los esfuerzos continuos de una amplia gama de actores estatales y no estatales, incluidos defensores de los derechos humanos de todo el mundo. Ambas facilitarán que la ONU apoye a los Estados para mejorar su desempeño en cuestiones ambientales", apuntó el director de Políticas y Leyes de Amnistía Internacional, Ashfaq Khalfan.