Así lo recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado este jueves por el Consejo de Ministros y que ya ha sido remitido a las Cortes Generales, según precisó el departamento de Alberto Garzón en un comunicado en el que añadió que estas dotaciones se ven incrementadas en 8,57 millones de euros, que se corresponden con los fondos asignados a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia a este Ministerio.

Las principales partidas de gasto que el Gobierno incrementa para Consumo son las relacionadas con los mecanismos de inspección del juego ‘online’ y de lucha contra sus posibles efectos nocivos para determinados usuarios, así como las destinadas a la modernización y promoción del sistema de arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empresas.

En concreto, la competencia que experimenta un mayor aumento en el presupuesto es la de regulación del juego ‘online’, con un 66,08% con respecto a 2021, si bien, si se añaden a este crecimiento las inversiones procedentes de fondos europeos de recuperación, el incremento de inversiones para la vigilancia y control del mercado de apuestas asciende hasta el 110,11%.

Las principales partidas beneficiadas están relacionadas con las nuevas normativas que el Ministerio de Consumo está desarrollando y que, según el gabinete de Garzón, “fortalecen la capacidad de vigilancia, control y sanción sobre el mercado de apuestas y juego ‘online’” y, además, las inversiones en campañas para la prevención de la ludopatía ascenderán hasta los 1,5 millones de euros.

Otra de las partidas relacionadas con la protección de personas con posible trastorno del juego está dedicada a la financiación de la interconexión de los registros de personas autoprohibidas, prevista para 2022, teniendo en cuenta que, en este momento, los controlan de forma independiente las comunidades autónomas y el Gobierno central.

Ministerio y comunidades “avanzan” en la unificación de estos registros para que una persona con posible trastorno del juego quede excluida tanto del juego presencial como del entorno ‘online’ en todo el territorio nacional, según recordó Consumo.

DEFENSA DE CONSUMIDORES

En cuanto a las políticas de protección de consumidores, destaca el incremento de los fondos destinados al desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, mecanismo extrajudicial para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas, que aumenta su inversión un 50%, que Consumo reparte entre comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales.

En 2022 tendrá “gran peso” presupuestario la promoción de este sistema arbitral, que, según el gabinete de Garzón, es “más beneficioso” para los consumidores que el trámite judicial y que, además, ayuda a “minimizar” los conflictos con empresas que se elevan a la justicia.

Junto a él, otro de los proyectos “estratégicos” del Ministerio de Consumo para 2022 tiene que ver con el aumento del comercio ‘online’ y las políticas de vigilancia del mercado de compras en Internet y, para ello, invertirá medio millón de euros en la puesta en marcha del Observatorio de Internet, que tendrá como fin combatir los fraudes en el entorno digital. De esta forma, Consumo inicia un proyecto de “apoyo” a las autoridades autonómicas de vigilancia de mercado e incorporará, además, un gestor ‘online’ de consultas y reclamaciones de consumidores para el comercio en Internet.

En paralelo, otra de las líneas de trabajo que el departamento de Alberto Garzón incorpora en el nuevo ejercicio presupuestario es la promoción del consumo de alimentos de proximidad con el fin de “conectar” a consumidores con productores de cercanía en el comercio de alimentos sostenibles. De un lado, Consumo persigue seguir incrementando la “concienciación” con hábitos de vida saludables y, por otro, “combatir” la despoblación en el ámbito rural, fomentando y promocionando la industria alimentaria familiar, artesana y de producción ecológica.

El último de los proyectos estratégicos de Consumo para 2022 es la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pendiente desde 2008, de modo que, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, España cuente con un plan “efectivo” a cinco años vista, que garantice el acceso a alimentos “seguros y nutritivos en condiciones de igualdad a toda la población” y para su puesta en marcha dedicará una partida de 456.200 euros.