El Tribunal ha acordado que se dé traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno de la demanda y los documentos presentados, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Los demandantes alegan que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. De la sentencia que se dicte en su día será ponente el magistrado Andrés Ollero.

Los argumentos del partido se basan en que los preceptos que pretenden proteger a niños y adolescentes frente a la violencia van en contra del concepto de parentalidad positiva y se opone, por ejemplo, a la prohibición de los padres de visitar a los hijos con la mera denuncia de violencia machista formulada por una mujer.

Vox considera que esta regulación colisiona con los derechos recogidos en la Constitución y establece claras “injerencias del Estado”, por ejemplo, imponiendo la educación afectivo sexual, que pueden resultar opuesta a las convicciones de los progenitores.