Este colectivo denunció este lunes que los hechos ocurrieron en la aldea de Kahor el pasado 30 de agosto cuando, según el testimonio de testigos presenciales, los talibanes asesinaron a 11 antiguos integrantes de las Fuerzas de Seguridad de Defensa Nacional de Afganistán (Andsf, por sus siglas en inglés) y a dos civiles que intentaban huir, incluida la menor.

Amnistía verificó las fotografías y las imágenes de vídeo tomadas después de los asesinatos, e identificó la ubicación del lugar donde ocurrieron los hechos.

Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, subrayó que “estas ejecuciones a sangre fría son una prueba más de que los talibanes están cometiendo los mismos abusos horribles por lo que fueron conocidos durante anterior gobierno de Afganistán”.

A su vez, añadió que los talibanes “violan reiteradamente los derechos de quienes perciben como sus adversarios, incluso matando a quienes ya se han rendido”, por lo que les exigió “poner fin de inmediato a estos crueles actos de venganza y garantizar que los empleados del antiguo gobierno y sus familias puedan vivir seguros en Afganistán”.

Por su parte, Amnistía reconoció que verificar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los talibanes está siendo difícil, ya que el grupo ha cortado el servicio de telefonía móvil en muchas regiones del país.

En el caso concreto que denuncia la organización, se tiene constancia de que los talibanes tomaron el control de la provincia de Daykundi el pasado 14 de agosto, lo que llevó a 34 antiguos miembros de la Andsf a esconderse junto con sus familias en el distrito de Khidir portando su equipo militar y sus armas consigo.

Ante el avance de los talibanes, acordaron su rendición. En el momento en que intentaron abandonar la zona donde se encontraban, los milicianos yihadistas los alcanzaron y abrieron fuego contra ellos matando a la joven de 17 años, lo que motivó un intercambio de disparos que ocasionó la muerte de un combatiente talibán y heridas a otro.

Como consecuencia de ello, los talibanes continuaron disparando mientras las familias huían, matando a dos miembros de las Andsf. Luego de la rendición de otros nueve antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas, los barbudos los llevaron junto a una cuenca fluvial cercana para ejecutarlos.

Los nombres y edades estimadas de los 11 miembros de la Andsf son: Musa Amiri, 46; Khudad Jawahiri, 33; Esmatullah Zarigh, de 34 años; Noor Ali Ibrahimi, 34 años; Habibullah, 33; Amanullah, 32; Reza Karimi, 31; Dawran, 26; Dur Mohammad, 41 años; Abdul Hamid Fahimi, 28; y Reza Joya, 33.

El día después de los asesinatos, los aldeanos llevaron los cadáveres a Dahani Qul para su entierro, lo que permitió a Amnistía Internacional revisar y verificar las identidades de las personas allí enterradas.

Tras los entierros, los talibanes transmitieron a los familiares de las víctimas que cualquier persona que hubiera huido tenía la obligación de regresar y entregarse en un plazo máximo de tres días.

De hecho, las personas entrevistadas por Amnistía relataron que un alto funcionario talibán se ufanó de que “he matado a personas durante los últimos 20 años. Matar es fácil para mí. Puedo matar de nuevo”.

Por su parte, el 1 de septiembre, Sadiquellah Abed, el jefe de policía designado por los talibanes para la provincia de Daykundi, negó los hechos y únicamente confirmó que un combatiente había resultado herido en un ataque.