Además, el juez cita ese mismo día a declarar como testigo al que fuera secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino. Días después, el 18 de octubre, está citada María Isabel Valldecabres, jefa de gabinete de la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, y Susana Crisóstomo, jefa de gabinete del ministro de Interior.

La exministra tendrá que desplazarse a Zaragoza después de que el juez instructor rechazara la petición de la Abogacía del Estado para que autorizase su declaración por videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla.

La defensa de González Laya consideraba “impertinente” la citación en calidad de investigada porque su testimonio no aportará nada nuevo en relación a lo que a consta en las actuaciones. Por ello, cree que la citación se encuadra en una “investigación prospectiva vetada en nuestro ordenamiento jurídico (...) sin ningún indicio tratando de encontrar 'algo' que pudiera ser un indicio de delito”.

La ministra fue imputada a raíz de una querella presentada por el abogado Antonio Urdiales y por Juan Carlos Navarro. Como personados en la causa, pidieron la imputación de la extitular de Exteriores tras asistir a la declaración de su exjefe de gabinete, Camilo Villarino, que señaló a Laya como la persona que ordenó que se franqueara la entrada a Gali con una identidad falsa.

Gali llegó a España el pasado 18 de abril por vía aérea e inmediatamente ingresó en un hospital de Logroño (La Rioja) para ser tratado de coronavirus. Su entrada se autorizó con una identidad falsa y tras conocerse su presencia en España se desató un conflicto diplomático con Marruecos, cuyo punto culminante fue una oleada de inmigración a Ceuta, que soportó la entrada de cerca de 10.000 personas.

El juez tratará de averiguar de quien partió la orden de permitir la entrada del líder saharaui con una identidad falsa y si existió algún tipo de encubrimiento de estos actos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha apoyado la actuación de la ministra, a la que relevó del cargo en su última del Ejecutivo, y aseguró que “hizo lo que debía” para “salvar la vida de una persona”. Como muestra de este apoyo, la Abogacía del Estado se ha hecho cargo de la defensa de la exministra.

La Audiencia Nacional tiene abierta una causa contra Gali por supuestos delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas. El juez Santiago Pedraz tomó declaración al imputado y le dejó en libertad sin medidas cautelares lo que permitió que el 2 de julio volara fuera de España a bordo de un avión medicalizado enviado por el Gobierno argelino. Sin embargo, la pasada semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó esta decisión y ordenó seguir investigando estos hechos.

Según la ministra, Gali llegó a España a bordo de un vuelo oficial con los que se sigue “un procedimiento de autorización que es diplomático donde las personas tienen que identificarse antes de entrar en el vuelo y eso tiene que ser notificado a las autoridades diplomáticas competentes de manera que se facilite cuando llegan a nuestro país los trámites pertinentes".