Así lo manifestó este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los diputados, a petición propia para exponer los contenidos de dicho anteproyecto de ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo e informar sobre las tarifas eléctricas y la nueva factura de la luz, y de los grupos parlamentarios Popular, Vox, Ciudadanos y EH Bildu.

Garzón subrayó que es “absolutamente ineficiente” en la asignación de precios, “permitiendo que haya empresas que, sin tener incremento en los costes, puedan tener beneficios extraordinarios adicionales, sencillamente por existir en ese mercado”.

“Es absolutamente insostenible”, apostilló, al tiempo que recordó que otros gobiernos ya han planteado “sus quejas y sus dudas de manera clara ante las autoridades pertinentes”.

HASTA LA PRIMAVERA

Junto a ello, vaticinó que las “tensiones” que se suceden en los mercados energéticos pueden continuar “más tiempo, perfectamente hasta la primavera, sino más” a tenor de lo que muestran los mercados de futuros, convencido de que estas previsiones “nos sirven como señal para anticiparnos y saber lo que va a suceder” y de que las “causas estructurales siguen estando ahí y van a durar en el tiempo”.

El titular de Consumo reiteró una vez más que el actual sistema marginalista está “demostrando ser muy poco eficiente, permitiendo que exista un GAP, una brecha para muchas tecnologías que produce una serie de beneficios extraordinarios” y advirtió de que esa “tensión en el inicio de la cadena amenaza con trasladarse al eslabón final, que es el precio de la luz o el de la factura de la luz”.

“Son tensiones que tienen que ver con varios factores geopolíticos, factores de suministros del gas, de cómo funciona el mercado marginal”, reiteró, consciente de que en el mercado secundario “también se produce cierta especulación” que se suma a este “problema estructural que nace de varias causas”.

A este respecto, subrayó que el “propósito” del Gobierno central es, como el del resto de gobiernos “afectados por esta dinámica internacional” es “conseguir que mientras el sistema no cambie, cosa que sería deseable, porque es un sistema ineficiente, seamos capaces de evitar que esas tensiones y subidas históricas de los precios de la energía se acaben trasladando a los precios finales de la factura de la luz”.

“Esta es la misión fundamental del Gobierno de España”, apostilló, para lamentar que en la actualidad “no existe ningún registro riguroso de cómo está la factura de la luz, porque no existe un indicador único”.

“La factura de la luz está al final de esa cadena. Sabemos cómo está de tensionada al principio de esa cadena, suponemos que se está produciendo una traslación, un traslado de esos incrementos, pero depende de muchos factores”, entre los que volvió a referirse a la estructura del mercado energético en España, a los distintos tipos de contratos y de potencia y tarifa, por lo que insistió en la ausencia de un “único indicador que nos esté diciendo de manera clara cómo está variando, ni siquiera de media, la factura de luz final y afectando a cada familia”.

Con todo, aseveró que las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez está “poniendo en marcha compensan y mitigan en gran medida, si no totalmente, gran parte de esas tensiones en el origen de la cadena”.

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

En este contexto, insistió en que la “clave” está en la “estrategia de país a medio plazo” que, a su entender, debe apostar por invertir en energía renovable “lo suficiente como para que la generación de energías renovables y las más baratas pueda cubrir en condiciones normales toda la demanda”. “De esa manera, no haría falta echar mano de las energías que son más caras y que ya trasladan ese sobrecoste”.

Junto a ello, instó a “incidir claramente en la situación coyuntural” y defendió que la “forma más fácil de hacerlo” es afectando a la parte fiscal, como está haciendo el Ejecutivo, convencido de que, “si el sistema funciona bien, la bajada de impuestos podría suponer la bajada de precios dependiendo de la estructura del mercado” que en el caso de España es oligopólico, con “tres grandes empresas”, según el ministro, “prácticamente, controlan la totalidad de la compra y las ventas en estas subastas y tienen una gran capacidad de intervención sobre los precios de la energía y de imponer márgenes de beneficio muy superiores”.

Garzón puntualizó que las empresas españolas energéticas tienen unas rentabilidades y unos beneficios “muy superiores a los que tienen sus homólogas en otros países” y, a su entender, “esto es el resultado de una anomalía”.

El margen de beneficio medio de las empresas energéticas en la Unión Europea es del 10% y en España es casi del 20%, casi el doble, y es un beneficio que, espetó, “no guarda relación con la productividad de la empresa, simplemente es una ganancia caída del cielo”.

“Creemos que lo estamos haciendo bien, creemos que estamos tomando las medidas adecuadas. Nos hubiera gustado que nuestro país dispusiera desde el principio de mecanismos más potentes para que esto no hubiera llegado a estas tensiones y estuviéramos más preparados, pero estas son las herramientas que tenemos”, dijo, esperando que las empresas estén “claramente alineadas con el cumplimiento de la ley y de las normas que aprobamos”, convencido de que son “absolutamente necesarias y son empresas que tienen margen suficiente como para asumir este tipo de normativa nueva”.