Del total de ciberdelitos conocidos, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, el 89,6%, 257.907 fueron fraudes informáticos (estafas); a mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet con 14.066 casos, lo que representa un 4,9%.

Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno “en crecimiento” y que “aumenta progresivamente” su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6% del total de delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3%.

HOMBRE DE MENOS DE 40 AÑOS

El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.

A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2% más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

PLAN ESTRATÉGICO

El incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva.

Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.