En concreto, el sindicato remitió una carta a la ministra en la que exige la convocatoria de la mesa de negociación, con el objetivo de que los trabajadores públicos “vean reconocido su esfuerzo más allá de las buenas palabras, los aplausos o los reconocimientos”.

En este sentido, CCOO exige que en los Presupuestos “se apueste decididamente por la mejora del poder adquisitivo y por los incrementos de las plantillas”.

SALARIOS Y EMPLEO

En materia retributiva, el sindicato reclama un acuerdo bianual de legislatura “que garantice la recuperación de los salarios de los más de tres millones de empleados públicos”.

Asimismo, considera “imprescindible” la actualización de los salarios del personal del Servicio Exterior, al considerar que “se encuentran inadmisiblemente congelados desde hace más de 12 años”. También demanda “mantener e incrementar los fondos adicionales, tanto para fondos de pensiones, como para eliminar las desigualdades retributivas, la brecha salarial entre mujeres y hombres o los desequilibrios en los complementos de puestos de trabajo”.

En cuanto al empleo, CCOO señaló que, “además de acabar con la precariedad laboral que supone la alta temporalidad”, es necesario eliminar la tasa de reposición y acometer así los planes de empleo. “Por un lado, es fundamental evitar en el futuro un nuevo aumento de la temporalidad y, por otro, hay que incrementar de manera estructural las plantillas, insuficientes para prestar los servicios públicos que demanda la ciudadanía en Sanidad y Enseñanza, pero también para los servicios sociales y dependencia, Seguridad Social, SEPE, Interior, Justicia, Muface e Imserso, entre otros”, añadió.

Por último, el sindicato considera “urgente” la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 5 de julio, “tanto para identificar problemas y dar soluciones a interpretaciones erróneas, como para el desarrollo del tercer apartado, donde están los compromisos sobre las materias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) pendientes”.

A este respecto, CCOO reclama la modernización del sistema de formación y cualificación del personal de las administraciones públicas, así como “adoptar una nueva escala de clasificación profesional acorde a las cualificaciones requeridas y a las funciones que los trabajadores desempeñan en la actualidad”.