Así lo aseguró durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la pregunta de la diputada popular Valentina Martínez Ferro, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el artífice de “esa entrada ilegal”, y reclamó al titular de Exteriores que acepte la comisión de investigación sobre el caso que pide el PP. “¿Si todo era legal y por razones humanitarias, porque se ocultó?, preguntó.

Albares subrayó que el Gobierno “cumple la legalidad y tengo plena confianza de que en este caso también lo ha hecho”, y exigió a la diputada popular respetar “el trabajo de los funcionarios diplomáticos, de los militares, de los sanitarios”, profesionales, dijo, “que también han conseguido un éxito de país con el ‘hub’ de Torrejón” para la acogida de los afganos evacuados, y que, en su opinión, cosecharán más éxitos con la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en España, y en 2023, cuando España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea.

El jefe de la Cancillería advirtió al PP de que en el caso Gali puede ocurrirle como en el llamado 'Delcygate', en el que se acusó a varios funcionarios por un presunto delito de prevaricación por la escala que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo en el aeropuerto de Barajas la noche del 19 al 20 de enero de 2020 y durante la cual mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Todas las acusaciones “fueron archivadas sin juicio, porque nadie aprecio indicios de delito”, recalcó Albares.

Ante la acusación de un uso partidista de la Abogacía del Estado, el ministro afeó a la diputada del PP que “vuelve a verter sospechas sobre la actuación, no solo del Gobierno, sino sobre funcionarios públicos”, y afirmó que a los populares “no les interesa la verdad, solo les interesa obtener rédito político.

CAUSA JUDICIAL

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, decidió la semana pasada imputar a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de Covid-19 en un hospital de Logroño. Su defensa la asumirá la Abogacía del Estado.

El juez citó a declarar el próximo 4 de octubre a la exministra para conocer su versión de lo sucedido, y además, tomará declaración a la que fuera jefa de Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. Esta declaración fue solicitada por una de las acusaciones populares tras la declaración como imputado del que fuera jefe de Gabinete de Laya en Exteriores, Camilo Villarino.

Villarino dijo al juez que la ministra fue la que impartió las instrucciones sobre la entrada de Ghali, aunque su impresión es que las órdenes no partían de ella en exclusiva, ya que le dijo que “se había tomado la decisión” sin aclarar exactamente la identidad de quien participó ese proceso.

El líder del Frente Polisario llegó a España a bordo de un avión medicalizado procedente de Argelia, que aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado del 18 de abril. A continuación, Gali ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso, donde recibió tratamiento contra el Covid-19.

Gali tenía otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de lesa humanidad. Tras prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz, quedó en libertad sin medidas cautelares y regresó a Argelia.