Así lo aseguró en declaraciones a la prensa en el transcurso de su visita, junto a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a la isla de La Palma con el fin de conocer “de primera mano” las afecciones que está provocando la erupción del volcán de la cordillera de Cumbre Vieja y para “acompañar” a las personas desplazadas, convencido de que su gabinete tiene “instrumentos suficientes” para “protegerles” como consumidores “vulnerables”.
“Sin perjuicio de lo que nos puedan trasladar y con la información recibida a lo largo de estos días, tenemos instrumentos legales suficientes para proporcionar una protección adicional a los afectados en la materia de consumidores vulnerables”, apostilló, consciente de la importancia de que la administración pública “sea capaz de responder ante esta emergencia protegiendo especialmente a todas estas personas afectadas para que eso sea lo último de lo que se preocupen estas familias”.
A este respecto, subrayó que la intención de esta visita es “obtener esa información” que permita “legislar correspondientemente” con el fin de que los damnificados “tengan no solo la solidaridad del Gobierno de España, sino también actuaciones legales que permitan proteger a familias que ahora lo están pasando muy mal” y ayudarles a hacer frente a “problemáticas” que su gabinete tendrá que “estudiar” y que están relacionadas con los seguros y con “muchas cuestiones del ámbito del consumo que explican que el ministerio se active”.
Garzón aseveró que, en este momento, la “preocupación” de las familias afectadas “tiene que ver con lo esencial”, recordando que “muchas han perdido sus viviendas, con el impacto enorme que eso conlleva”, si bien insistió en que muchas de ellas tendrían también contratados “determinados servicios contractuales, como los suministros básicos, y una serie de contratos que van a seguir operando en ausencia de cualquier modificación”, por lo que su ministerio debe “explorar las formas” para que esta circunstancia “no sea una preocupación” añadida.

ANOMALÍA
“Naturalmente, hay unas relaciones contractuales por las que uno tiene que estar pagando de manera sistemática, que estaban pagando mes tras mes y, de repente, ese servicio no se puede dar, en este caso porque puede, directamente, que las viviendas no existan y, sin embargo, se sigue cobrando a esa familia”. “Esto es una anomalía que tenemos que resolver y estamos estudiando cómo resolverla para que estas familias, que ahora mismo lo han perdido prácticamente todo, de lo que menos se preocupen sea de este tipo de cuestiones”, insistió.
“Familias que han perdido la vivienda, que han perdido su espacio social, que han podido perder su empleo y, de repente, se vean con gastos que son los que venían teniendo anteriormente y esto es algo que hay que atajar”, abundó, para defender que el Gobierno lo hará a través de figuras como la de persona consumidora vulnerable y otras que “adicionalmente” irá “poniendo en marcha”.
En este punto, se mostró convencido de que los damnificados van a contar con la “comprensión” de esas empresas suministradoras, entendiendo que “en esto estamos todos a una” y consciente de la urgencia de proporcionar la “máxima protección posible” a estas personas “en todos los ámbitos” para dar respuesta a sus “problemáticas” a través de un paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo central “en colaboración” con el resto de administraciones y con el fin último de “facilitarles la reconstrucción de su nueva vida”.
RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ
En este punto, Garzón quiso trasladar su “cariño y solidaridad” a todos los afectados y valoró el “ejercicio ejemplar de respuesta rápida y eficaz ante una catástrofe” por parte de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil así como la “coordinación ejemplar” de las administraciones públicas, gracias también a la información proporcionada por “los científicos”, por lo que instó a “enorgullecerse como sociedad ante este tipo de respuesta”.
El titular de Consumo incidió en que el Gobierno de coalición está “absolutamente volcado” en la “configuración de nuevas normas para proteger a la ciudadanía”. “Son todos los ministerios los que estamos activos”, agregó, al tiempo que dijo esperar “que estén disponibles lo antes posible” en “varios paquetes”, si bien no pudo “garantizar” una fecha.
Acompañado de la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, el ministro de Consumo visitó a las personas desplazadas al centro de acogida del acuartelamiento de El Fuerte así como el municipio de El Paso, una de las zonas más afectadas por la erupción volcánica.