Así lo anunció este jueves en el patio de la Cámara Baja su portavoz, Cuca Gamarra, quien señaló que, tras la declaración judicial del jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Arancha González Laya, y la citación como investigada de ésta, a la que “ahora empezamos a entender por qué se cesó”, se “multiplican las dudas sobre la actuación del Gobierno” y “todo hace pensar que el cerco se estrecha en torno a distintos miembros del Gobierno”.
Según dijo, las declaraciones ayer en Nueva York del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “son una tomadura de pelo hacia los españoles”, por haber utilizado fórmulas como “se hizo” y “se decidió”. “¿Quién hizo y quién decidió? Eso es lo que queremos saber y lo que se necesita saber a través de esta comisión de investigación. ¿Quién era, señor Sánchez, la X de esta trama?”, preguntó Gamarra.
Razonando que “lo que no se puede contar es porque no se puede hacer”, y que “si no hay nada que ocultar, no habrá ningún tipo de inconveniente” a esta comisión, porque “si todo se hizo bien, todo se puede contar, todo se puede aclarar”, la portavoz popular se declaró convencida de que “habrá grupos parlamentarios que se sumen a esta comisión de investigación y que la apoyen”, porque “no hay ninguna excusa para no querer saber qué ha ocurrido” y “debieran hacerlo por responsabilidad” y aprobarla por unanimidad. Incluso, retó a los propios grupos del PSOE y Unidas Podemos a votar a favor de esta iniciativa o al menos que no la bloqueen, si, como dicen, “todo se hizo bien”.

“GRAVES CONSECUENCIAS”
Además de las posibles responsabilidades penales que se diluciden en los tribunales, Gamarra estableció que “nadie puede dudar de que hay unas responsabilidades políticas”, porque de la acogida a Gali “se ha derivado un conflicto con otro país, como es Marruecos, que tiene graves consecuencias para España”. Así aludió, sin mencionarla, a la represalia que tomó Rabat al dejar que menores marroquíes se lanzaran al mar y llegaran a Ceuta.
Por todo ello, continuó la portavoz, es “necesario que se aclare absolutamente quién dio la orden, quién lo autorizó, cómo se hizo y por qué se hizo”, dado que “es un asunto de interés público y es necesario que se despejen todas las dudas sobre quién es el señor X de esta operación”. Estableció así un paralelismo tácito con el “señor X” del que se habló en el ‘caso GAL’, cuando se sospecha que el exministro del Interior José Barrionuevo y otros cargos de su departamento y policías no pudieron tomar decisiones tan graves sin contar con la autorización del entonces presidente del Gobierno, Felipe González.
Por si no quedara clara esta referencia al actual titular del cargo, Pedro Sánchez, Gamarra sentenció que “no vale echar balones fuera por parte del presidente del Gobierno utilizando un plural del que él se excluye y no se asume ningún tipo de responsabilidad”. A pregunta de los periodistas, hasta aventuró que “todos sabemos que una decisión de ese calado no la toma la ministra de Exteriores sin conocimiento de otros miembros del Consejo de Ministros”.
Por último, justificó la petición por el deber constitucional de “controlar al Gobierno en relación a un asunto de máxima gravedad por las consecuencias políticas que ha tenido y está teniendo con otro país, y lo que se puede derivar de todo ello”. “Ese partido no va a renunciar a ese control que la Constitución nos da y los españoles nos han confiado”, advirtió, llamando al resto de grupos parlamentarios a sumarse por “transparencia” y porque no pueden “ser cómplices de una responsabilidad del Gobierno”.