Dentro de las "Propuestas para una democracia plena y participativa", la coalición propone la reforma "total" del procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular para permitir la participación real de los ciudadanos en el procedimiento legislativo.

Plantea la reducción del número de firmas exigido para su inicio, actualmente de 500.000, y la obligatoriedad de que los proponentes participen en el debate y en el procedimiento en el Parlamento.

Sugiere también limitar el plazo de tramitación, y la eliminación de las restricciones respecto de las materias que pueden tratarse, que ahora afecta, por mandato constitucional, a todas las que están reguladas por ley orgánica.

Además de que la Constitución pueda modificarse por esa vía, la coalición propone introducir en la Carta Magna materias que requerirían una consulta popular obligatoria, como la integración en organizaciones supranacionales o la adopción de decisiones económicas "trascendentales".

En ese mismo apartado, propone la obligación de que los presupuestos de las administraciones públicas se gesten, gestionen y controlen con participación de los ciudadanos.