Montero deberá comparecer a petición de los grupos parlamentarios Plural y Mixto, que le piden que explique “el cambio repentino del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación anunciada con motivo de la reunión que tuvo lugar el 15 de junio entre la ministra y los miembros de la plataforma valenciana ‘Per un Finançament Just’.

En dicha reunión, indican los grupos proponentes, la ministra “afirmó que piensa incumplir el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de los Diputados de proponer una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de final del año 2021”.

La reforma de la financiación autonómica es una tarea pendiente que el Ministerio de Hacienda arrastra cada año desde los tiempos de Cristóbal Montoro en los Gobiernos de Mariano Rajoy, ya que el modelo vigente actualmente fue implantado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una previsión de vigencia de cinco años, por lo que se considera caducado desde 2014, sin haber sido reformulado. Desde entonces, numerosas comunidades autónomas, gobernadas tanto por el PSOE como por el PP, han reclamado uno nuevo al considerar que el actual las mantiene infrafinanciadas.

COMPROMISO DE 2017

La reforma del sistema de financiación fue uno de los principales compromisos que resultaron de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en el Senado en enero de 2017. Entonces se fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo de 2017, pero el Ejecutivo del PP se escudó en la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para justificar el incumplimiento de dicho compromiso.

Como resultado del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, en febrero de 2017 el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos, integrada por profesionales propuestos por el Estado y por cada autonomía, que elaboró un informe con propuestas para la reforma del sistema. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, en el que Cataluña decidió no participar, y que realizó un nuevo informe con las propuestas presentadas por cada comunidad.

Ya en 2018, el todavía Gobierno popular mostró su intención de avanzar para que el trabajo técnico de los expertos diera paso al trabajo político entre las comunidades autónomas y el Estado, una voluntad que se mantuvo con el cambio de Ejecutivo producido en junio de dicho año, cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy dio paso al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien estando en la oposición había reclamado la reforma del sistema.

Sin embargo, una vez investido presidente, Sánchez argumentó carecer de tiempo en lo que quedaba de legislatura para abordar la reforma, posponiéndola a después de las siguientes elecciones generales, algo que finalmente no ocurrió ni en 2019, debido al bloqueo político que ese año mantuvo gran parte del año al Gobierno en funciones y que dio lugar a una repetición electoral, ni en 2020, debido a la irrupción de la crisis del Covid-19.

AVANCE EN NOVIEMBRE

En una reciente entrevista en Servimedia, Montero señaló que en noviembre se presentarán las conclusiones sobre la distribución de los recursos en base a la población que servirá como una de las bases para el futuro sistema de financiación autonómica, para cuya negociación la ministra reclamó a las comunidades autónomas “actitud constructiva” para llegar a un acuerdo sobre esta reforma.

En este sentido, la ministra indicó su esperanza de que “en el mes de noviembre podamos presentar conclusiones sobre la primera gran variable en la que pivota el modelo, como es ponernos de acuerdo sobre la distribución en base a la población”. “Esto significa”, explicó, “ponderar qué peso tiene la dispersión, la insularidad, las cohortes de edad, los mayores y los jóvenes, en la presión sobre los servicios públicos”.

La ministra subrayó que “lo que pretende el sistema de financiación autonómica es pagar los servicios públicos que se prestan desde las comunidades autónomas, y ahí inciden muchas variables y es complicado ponernos de acuerdo”. Así, apuntó que “los intereses son diferentes dependiendo de dónde uno vive, y unas comunidades prefieren que haya mayor peso de la población envejecida y las que son más jóvenes piensan que ese peso es más relativo”.