Ribera realizó el anuncio en el foro organizado por el diario ‘La Información’ de Alicante, donde desgranó la batería de medidas que se llevarán a cabo en la zona “para modernizar regadíos y dar respuesta a las necesidades en materia y gestión hídrica en un escenario de cambio climático que va a reducir la disponibilidad de agua”, especialmente, en el sureste peninsular.

La inversión anunciada permitirá reducir costes de funcionamiento del trasvase Júcar-Vinalopó, ampliando la disponibilidad de agua a precios asumibles y “aliviando la sobreexplotación insostenible sobre los acuíferos de la zona”, según la vicepresidenta.

Asimismo, la ministra subrayó la vigencia del trasvase Tajo-Segura, “una infraestructura esencial que vamos a mantener, con una gestión adaptada a ese nuevo contexto”, al tiempo que se trabaja para proporcionar “volúmenes de agua adicionales a las comunidades de regantes de las cuencas receptoras”.

Buena parte de esos nuevos aportes procederán de la desalación. A ese respecto, Ribera recordó que “ya se ha multiplicado por dos la capacidad de desalación en la provincia y sigue en aumento”, pues la desalobradora de Torrevieja “ya es capaz de proporcionar 80 hectómetros cúbicos anuales, mismo volumen que las transferencias desde el Tajo, y para finales de año-principios de 2022 ese caudal se elevará a 120 hectómetros cúbicos”.

Se trabaja además en la interconexión con las plantas de Valdelentisco y Águilas e inversión en energías fotovoltaicas para abaratar el precio del agua desalada y que sea asumible para los agricultores. La inversión total será de un valor cercano a 668 millones de euros en obras en la cuenca del Segura, que concluirán entre 2023 y 2024, para "garantizar la aportación de agua suficiente para todos los usos requeridos".