La organización documentó, con motivo del paro nacional y las manifestaciones que se han sucedido desde el 28 de abril en Colombia, el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y constató “el uso de armas letales contra manifestantes, el uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales, y torturas y malos tratos contra manifestantes pacíficos”.

Ante esta situación, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción –‘SOS Colombia: Sólo estamos defendiendo nuestros derechos’-, a través de la cual más de 40.000 personas han pedido la puesta en marcha de una “investigación imparcial” sobre estos “abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, la organización también trasladó al Gobierno la “grave situación” que viven los defensores de los derechos humanos y sus comunidades en Colombia, especialmente de los activistas en favor del medio ambiente, ya que, por estar radicados en “zonas de alto interés económico y con gran presencia de grupos armados, están más expuestos que nunca”.

Muchas de esas personas son líderes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas que reclaman derechos colectivos vinculados al reconocimiento y la protección de sus territorios.

Esto le dio pie a aseverar que “Colombia se ha convertido en el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos”, como lo atestiguan los datos que maneja en Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ponen de manifiesto que 310 defensores y líderes sociales, y 12 de sus familiares, fueron asesinados en 2020.

Uno de los casos que Amnistía Internacional sigue de cerca es el de Jani Silva, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa), que defiende los derechos y el medio ambiente de 700 familias campesinas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en la región del Putumayo, frente a los intentos de grupos armados y empresas multinacionales de apoderarse de su territorio.

Por su trabajo, Jani Silva y miembros de Adispa han recibido reiteradas amenazas de muerte y se ha descubierto un plan para matarla.

Ante esta situación, la organización ha activado la campaña ‘Colombia: ¡Da la cara por quienes protejan nuestro medio ambiente!’, con la que más de 12.000 personas están pidiendo medidas eficaces para quienes defienden los derechos de la tierra en Colombia.

Amnistía Internacional transmitió al Gobierno todas estas preocupaciones, con el fin de que se las remita a Iván Duque durante su visita, y para que los derechos humanos tengan un lugar destacado durante la misma.