Torrens, que fue alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), y su hermano Pedro comenzaron a ser investigados 2012 por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a materializar una operación de fraude fiscal a través de varias empresas en el pago del IVA correspondiente a la distribución de productos petrolíferos, haciendo supuestamente declaraciones tributarias falsas.

La cúpula de esa organización estaría formada por los dos hermanos Torrents y una serie de colaboradores y testaferros entre los que estaban Antonio Rodríguez Estepa y Eloy Vila Moroso, que gestionaba las empresas pantalla para comprar productos petrolíferos a precio inferior al de mercado.

La compra se realizaba por estas empresas (Fast Petrol, Servicios Petrolíferos Avanzados y Scout Energy) que no abonaría el IVA de manera intencionada y consciente. Según la investigación realizada por la Guardia Civil, el fraude habría podido ascender hasta los 147 millones de euros. En mayo de 2019, la Audiencia Nacional condenó a José María Torrens a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en el IVA de los años 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús. José María creó esta empresa ocultándoselo a su hermano para obtener mayores ganancias en la empresa. El juicio comenzará este lunes.