Sus requisitos los ha comunicado el organismo de Competencia después de que se supiese que había autorizado la transacción con condiciones y de que Santalucía trasladase que "analizarán las repercusiones y efectos" que tales peticiones acarrean "teniendo presente el interés existente en mejorar los servicios funerarios que vienen prestando en el mercado".

"Ambas entidades estudiarán hacer compatible adecuarse a los planteamientos del organismo competencial conservando, a su vez, la naturaleza y principales términos de la operación", agregó la compañía en un comunicado.

La alianza se remonta a septiembre de 2018, cuando acordaron combinar los negocios de Albia, filial de servicios funerarios de Santalucía, con los de Funespaña, perteneciente a su vez a Mapfre. Daría lugar, con los números de entonces, a una nueva compañía líder en España y Europa con activos valorados en 322,5 millones de euros, participada al 75% por Santalucía y el 25% restante por Mapfre, que ahora la CNMC le exige “eliminar”.

No son las únicas condiciones fijadas por el organismo de Competencia, ya que también ha supeditado su visto bueno a que Santalucía facilite antes de tres meses la entrada de un competidor en Valdepeñas, cuando la transacción sea una realidad, y impone otros tres compromisos previamente ofrecidos por Santalucía para allanar la autorización.

En concreto, Santalucía ofreció y se comprometió a evitar que, cuando fallezca un cliente asegurado, sus allegados sean “automáticamente” dirigidos a la funeraria perteneciente al grupo cuando contactan con la aseguradora por primera vez. Comprometió también “que la empresa resultante facilite la entrada de un competidor en el municipio de Valdepeñas”, para evitar la situación de monopolio, y garantizó que “se desinvertirán activos y se garantizará que la situación previa no empeora”.

“INDEPENDENCIA NECESARIA”

Para garantizar que cumple en el trato a clientes la CNMV debe además aprobar el guion de respuesta a la primera llamada que realice el allegado y “supervisará una muestra aleatoria de todas las primeras llamadas que la nueva entidad atienda durante el año”.

El organismo presidido por Cani Fernandez subrayó que, solo con las condiciones que ha impuesto a Mapfre, “se logra la independencia necesaria entre Santalucía y Mapfre, y se evita la posibilidad de Mapfre de derivar los servicios hacia la entidad resultante, reforzando la prestación de servicios intragrupo y expulsando a competidores”. Con esas y el conjunto de las fijadas y ofrecidas por Santalucía en julio quiere resolver la operación “de forma más transparente, sin intereses cruzados”, a la vez que “desaparecen, además, los riesgos de efectos coordinados en el mercado de seguro”.

El proceso de aprobación se ha extendido ya que en primer momento observó riesgos para el mercado de la compra por parte de Albia de “casi todos los activos de Funespaña”, funeraria del Grupo Mapfre, advirtiendo que “la operación afecta al sector de los servicios funerarios y al de seguros de decesos”.

En julio Santalucía presentó sus compromisos pero la CNMC desvela que los juzgó “insuficientes dados los riesgos derivados de los efectos verticales y coordinados provocados por la participación de Santalucía y de Mapfre en la empresa resultante, y que habían sido detectados durante la investigación”.

En concreto detalla que los riesgos son en servicios funerarios porque “se solapan horizontalmente” las actividades de Albia y las de Funespaña, “con un conjunto de empresas de servicios funerarios en las que ambas entidades tenían participaciones minoritarias”. Además” en el seguro de decesos advirtió “posibles efectos verticales” por la presencia ahí de Santalucía y “el compromiso del grupo asegurador Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante y sus filiales”, que ahora pide eliminar del clausulado de la alianza.

“SOLAPAMIENTO”

La CNMC desvela además que, en atención a los riesgos observados, “por primera vez”, en el marco de una operación de concentración, “inspeccionó las sedes domiciliarias de las empresas”. Y decidió además acumular este análisis a otras operaciones de concentración en el sector como la compra de la burgalesa Jordial por parte de Albia.

Así concluyó que “la operación da lugar al solapamiento de las partes en los municipios de Valdepeñas y Bilbao y a la sustitución de Funespaña en muchos municipios”. Conforme a su investigación, la entidad resultante “se convertirá en monopolista en los mercados mayoristas de tanatorio en 157 municipios; de crematorio en 35, y de cementerio en 14. Además, tendrá con cuotas elevadas en los mercados mayoristas de tanatorio en 217 municipios, de crematorio en 51 y de cementerio en 14”.

“Con ello, tendrá incentivo y capacidad para dificultar el acceso, endurecer las condiciones comerciales y/o deteriorar la calidad de los servicios prestados por la falta de competencia en estos municipios”, concluyó, además de advertir que “se refuerza la posición de Santa Lucía como empresa aseguradora de decesos, al poder prestar los servicios intragrupo, con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendrá una mayor presencia en distintas zonas”. Situación en la que juzgó que se agravaba por el compromiso de Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante, que pide “eliminar”.

Otra preocupación expresada es que con tal situación “empeoren las condiciones comerciales (precios) o se expulse a otras aseguradoras, especialmente donde la entidad resultante quede en una situación de monopolio”, además de detectar “posibles efectos coordinados entre Santalucía y Mapfre en las distintas ramas de los mercados de seguros”. Con las condiciones impuestas sostiene que dichos riesgos están resueltos.