El manifiesto, dirigido a las distintas administraciones públicas, partidos políticos, operadores jurídicos y medios de comunicación, denuncia el “sentimiento de desprotección que impide el ejercicio de los derechos humanos y constitucionales” y remata con la coda “con terror no hay libertad”.

En el texto se reclama que se asuma que la violencia hacia las personas Lgtbiqa+ y sus familias es “estructural” en España, así como que “las agresiones y atentados están provocando terror” en el colectivo y, por ende, el “recorte real en el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

A su vez, trasladan a los partidos políticos que renuncien a “una torticera estrategia de ideologización de los derechos humanos”, en lo concerniente a las personas del colectivo y sus familias, y trabajen para la aprobación de leyes, reglamentos y normas para su “protección efectiva”.

Del mismo modo, piden a los operadores jurídicos un “especial esfuerzo” para “comprender la figura del delito de odio, extraña a nuestro sistema jurídico tradicional, que está llevando a su omisión por parte de los mismos”.

Por último, solicitan a los medios de comunicación que “no den cobertura, por interés ideológico o económico a aquellas personas y organizaciones que hacen apología de la violencia hacia las personas Lgtbiqa+ y sus familias, amparándose en un falso derecho a la libertad de expresión”, algo que “si fue posible su aplicación ante la violencia etarra, debe serlo también ante la violencia Lgtbiaq+fóbica”.