En un comunicado, expresaron sus dudas sobre su idoneidad a la hora de determinar el interés superior de cada niño y de garantizar una “evaluación individualizada de cada expediente”, tal y como exige la ley.

Save the Children, Plataforma de Infancia, Red Acoge y el servicio Jesuita a Migrantes son algunas de las ONG firmantes, y acusan a la Delegada y a “sus reiteradas declaraciones sobre las repatriaciones” de haber causado ya la huida de los centros de protección de centenares de niños y niñas frente a la amenaza de ser devueltos colectiva e irregularmente al país de origen.

Según explicaron, la delegación de Gobierno debe solicitar información individualizada al Área de Menores y a la Fiscalía sobre la situación de cada menor; a las autoridades de origen sobre la situación de su familia para poder incoar el procedimiento de repatriación, y asegurar la audiencia del niño y su asistencia jurídica.

Señalaron que, de acuerdo con lo que establecen la legislación nacional e internacional, este procedimiento debe llevarse a cabo con todas las garantías (escuchando al niño, debidamente informado y con abogado, con resoluciones motivadas, etc.) y consistir en una evaluación y determinación de cuál es el interés superior de cada menor.

“Es decir, qué solución duradera de las posibles ( repatriación a Marruecos, reunificación familiar en otro país o acogida en España) que permite que se garanticen mejor los derechos de cada uno de estos niños y niñas”. Por ello, consideraron que las declaraciones de la Delegada del Gobierno “obvian el auto judicial por el que el pasado 16 de agosto el juzgado de instrucción de Ceuta mantenía la suspensión de las repatriaciones por considerar que había indicios de vulneración de derechos y disponiendo expresamente que no se había observado la legislación aplicable”.

A su juicio, las afirmaciones públicas de la delegada sobre que "estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país”, y que “en ese sentido seguimos trabajando", ponen de manifiesto “la determinación de iniciar estos procedimientos con una decisión colectiva pre adoptada”.