Así lo precisó el departamento de Garzón en un comunicado en el que añadió que en la agenda están también los “retos” en materia legislativa que afronta el Gobierno, entre los que destacó la “próxima” aprobación del anteproyecto de Ley para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo, que inició su trámite a finales de julio.
Gracias a la nueva norma, según precisó en su día el titular de Consumo, se establece un “desincentivo” a que las grandes empresas “puedan cometer fraudes o abusos contra las personas consumidoras” y su gabinete tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países, a la unidad de mercado, o cuando el infractor no esté localizado en España en infracciones en relación con el comercio electrónico.

Entre otras cuestiones, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como la alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.

Asimismo, estarán sujetas al nuevo régimen sancionador la introducción o mantenimiento de cláusulas abusivas en los contratos, la obstaculización del derecho a poner fin a un contrato o causar baja en un servicio, los incumplimientos en el etiquetado o la facturación de productos y servicios no contratados.
Las sanciones máximas, que a partir de ahora también podrá imponer el Estado, subirán hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembro.

Garzón continuará este jueves su ronda de reuniones con un encuentro con representantes de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).