Este Protocolo fue suscrito el pasado mes de febrero por la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, las Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por prestadores de servicios de alojamiento de datos.

El Protocolo se enmarca en el Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito el 19 de septiembre de 2018.

La Fiscalía General del Estado asume, según dice en un comunicado, “un papel protagonista” en la lucha contra el discurso del odio en red como Punto Nacional de Contacto, encargándose específicamente de tramitar el traslado a los prestadores de servicio de alojamiento de las resoluciones judiciales que se dicten sobre la retirada o bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, a través de un canal preferente que será gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar así su ágil y efectivo cumplimiento y para la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.

La Fiscalía General insiste en su nota de prensa en “su compromiso y total implicación para perseguir, combatir y erradicar los delitos de odio y discriminación, unas conductas que atentan gravemente contra los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional, de nuestro sistema de derechos y libertades y de la propia dignidad humana”.