“La figura del menor temporalmente en tránsito no existe en nuestra legislación” y esta situación “de emergencia no se puede prolongar tanto tiempo”, declaró Escudero en una rueda de prensa donde valoró el anuncio de que la Delegación del Gobierno de Ceuta se da seis meses para devolver estos menores a Marruecos.

A su juicio, lo que la delegación y el Ministerio del Interior “están haciendo es esperar a que cumplan la mayoría de dad”, que de hecho muchos de ellos –hasta 700—pueden alcanzar en 2022.

“Teniendo en cuenta que más de 90 de estos menores ya se han escapado tras las filtraciones del ministerio del Interior, en la primavera de 2022 estaríamos ante una situación muy distinta”, con muchos menos menores, agregó Escudero.

El problema, continuó, es que los menores tutelados por la administración en España tienen derecho a un año de residencia legal no lucrativa en nuestro país” cuando cumplen los 18, algo a lo que estos chicos no podrán acceder porque “nadie ha solicitado su tutela administrativa de manera formal”.

Por ello, la red pedirá “el arraigo” para estos jóvenes si su situación sigue igual pasados seis meses, con independencia de que hayan cumplido los 18 años.

“El hecho de que Ceuta haya pedido su escolarización para el presente curso así lo prueba”, y agregó que para la primavera de 2022, “muchos de ellos llevarán ya un año en la ciudad”.

Según el presidente de la Red española de Inmigración, Daniel Méndez, cuando Ministerio y delegación del Gobierno acuerdan resolver su situación “en seis meses, simplemente están anunciando que cumplirán lo que establece la ley”.

Sin embargo, sostener que se devolverá a todos los menores a Marruecos con independencia de su voluntad “está fuera del derecho español”, concluyó.