Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el “éxito” de la operación permite reducir el tipo de interés y ampliar la base inversora. No en vano, se ha colocado con un cupón del 1% y una rentabilidad del 1,034%, abaratando el conjunto de la deuda en circulación.

El coste de la cartera viva de deuda soberana del Tesoro cae, en concreto, al 1,65% gracias a esta operación frente al 1,85% que tenía a principios de año y se eleva a 8,09 años la vida media, superando los 7,75 años vigentes a finales del 2020. El nuevo bono vence el 30 de julio de 2042.

La operación “sitúa a España a la vanguardia de las finanzas sostenibles en Europa”, aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, subrayando que “la gran demanda y la elevada participación de inversores sostenibles son una muestra de su confianza en la economía y en la agenda medioambiental española”.

La adjudicación se ha realizado entre 464 cuentas inversoras y la demanda ha superado 12 veces la cantidad emitida, “con una ratio de cobertura superior a la de las emisiones inaugurales de bonos verdes de otros países europeos”, apuntó el ministerio.

La emisión se ha realizado conforme al Marco de Bonos Verdes del Reino de España publicado el pasado mes de julio y que cuenta con la máxima calificación medioambiental otorgada por el verificar independiente Vigeo Eiris a un emisor soberano europeo. En aquel momento el Gobierno ya avanzó que había identificado más de 13.600 millones de euros en ‘gasto verde elegible’ para financiar inversiones con esta deuda que ahora estrena.

La condición de verde se origina por el destino que se dará a los recursos ya que el Gobierno prevé destinar los fondos captados a financiar proyectos que impulsen la transición ecológica y dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Dentro de los planes caben también aquellos proyectos que fomenten el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marítimos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

En concreto, se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

Además, la operación ha permitido al Tesoro acelerar su programa para este año de forma que ya ha cubierto al 80,1% el grado de ejecución de su plan emisor para títulos de medio y largo plazo. Y el coste de lo emitido por el organismo en el conjunto de 2021 se sitúa en terreno negativo, en el -0,01%.

ALTA AFLUENCIA DE INVERSORES INTERNACIONALES

En cuando el origen y la calidad de los inversores, el 91,7% de los que han participado son internacionales y con fuerte presencia de fondos de pensiones y aseguradoras, así como de inversores nórdicos, agentes más centrados en el largo plazo y en el fomento de la sostenibilidad. Dos tercios de la emisión ha ido, en concreto, a inversores comprometidos con el mercado de bonos verdes.

Las aseguradoras y fondos de pensiones han copado, en concreto, un 47% de la colocación, seguidas en adjudicación final por las gestoras de fondos (18,8%), los bancos centrales e instituciones oficiales (9,5%), y las tesorerías de los bancos (8,9%). El resto de inversores bancarios ha representado un 8,7%, los fondos apalancados un 2,9% y el resto de inversores un 4,2%.

Por países, buena parte ha ido a inversores radicados en Francia e Italia (el 25,3%), seguidos por operadores de Alemania, Austria y Suiza, con el 20,2%; el Reino Unido e Irlanda, con un 14%, y el resto de la UE, con un 13%. Los países nórdicos han representado un 11,9%, Estados Unidos y Canadá un 4,1%, Asia un 2,1% y Oriente Medio un 0,6%. Otros inversores han representado un 0,5%.

En la operación han actuado como directores de la emisión BBVA, Banco Santander, Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank y JP Morgan, mientras que el resto de los miembros del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores