El recurso se dirige contra el auto del juez Manuel García Castellón que pone punto y final a la investigación del ‘caso Kitchen’ sobre el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, auspiciada desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para arrebatarle documentación que pudiera perjudicar al PP y al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La Fiscalía entiende que el archivo de la investigación en el caso de Cospedal, López del Hierro y Olivares García es “manifiestamente extemporáneo” y debe supeditarse al resultado de las diligencias que entiende “pendientes de practicar” y al descubrimiento de “suficientes indicios de criminalidad” en su posible participación de los hechos investigados.

Alega, además, en contra de la denegación de la prórroga del plazo de instrucción por seis meses más por parte del magistrado Manuel García Castellón, que dio carpetazo a la investigación el pasado mes de julio.

La Fiscalía entiende que “materialmente no ha finalizado la fase de instrucción, puesto que no se han practicado diligencias previamente acordadas, ni tampoco han devenido firmes las resoluciones”. Así, considera que el cierre de la instrucción es “extemporánea” y “precipitada” porque no se ha esperado ni siquiera al resultado de diligencias de investigación relevantes para su esclarecimiento, ya acordadas por el instructor y no practicadas aún.

Además, la conclusión se ha producido sin que sean aún firmes las resoluciones de denegación de prueba y la denegación del plazo de instrucción que han sido solicitadas para el total esclarecimiento de los hechos y que afectaría a algunos de los investigados para los que se ha acordado de manera improcedente el sobreseimiento provisional de estos hechos.

La Fiscalía denuncia también “la caótica situación procesal que se ha creado al acumular en una misma resolución judicial decisiones que en sí mismas pueden ser objeto de recurso, y que de hecho se recurren con el presente escrito, y que por lo tanto no han alcanzado firmeza”, lo que obliga también a solicitar la suspensión del plazo para formular escrito de acusación.

Por todo ello, el Ministerio público solicita nuevas diligencias. Entre ellas, solicita por primera vez la declaración judicial del exdirector general de la Policía y exsenador del PP Ignacio Cosidó, como investigado. En igual condición, solicita la nueva declaración judicial de José Ángel Fuentes Gago y de Mariano Hervás Cuevas.

Además, la Fiscalía pretende que se requiera a la Unidad de Asuntos Internos para que realice las oportunas pesquisas con el objetivo de identificar todos los datos relativos a los cinco números de teléfono móvil aportados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y través de los cuales habría intercambiado mensajes sobre la operación de espionaje a Bárcenas con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

También requiere la emisión del informe médico forense sobre el estado del Enrique Olivares García, el supuesto cura que asaltó la casa del extesorero del PP, que fue solicitado a la médico forense de la Audiencia Nacional incluido en la comisión judicial que visitó al citado interno en el Centro Penitenciario Madrid VI- Aranjuez, donde cumple condena por esos hechos.

La Fiscalía pide que se requiera a la Dirección Adjunta Operativa, por medio de la Unidad de Asuntos Internos, para que recabe la documentación obrante en sus archivos, ya desclasificada a los efectos de esta causa, sobre la entrega de fondos reservados a colaboradores de la ‘operación Kitchen’. Entre los datos que quiere acreditar está la identificación de la cuenta o cuentas bancarias desde la que se hicieron los abonos en la cuenta de peculio de Olivares durante su estancia en prisión.