En concreto, el sindicato aseguró que “las comunidades autónomas han prescindido de 17.457 docentes que contrataron para garantizar el cumplimiento de los protocolos Covid y reforzar las plantillas”, en un contexto en el que debería haber más inversión y personal, coincidiendo con la implantación de la Lomloe, la nueva ley educativa.

El estudio de CSIF además pone de manifiesto “un déficit estructural de alrededor de 50.000 docentes”, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009.

Además, añadió que las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, tal y como se ha marcado el Gobierno “hace preciso convocar 180.000 plazas docentes en los próximos tres años”.
Mientras tanto, el sindicato instó al Ministerio y a las diferentes comunidades autónomas a que durante el mes de septiembre “revisen las necesidades e incrementen la seguridad y la dotación de recursos para que las clases puedan impartirse en condiciones adecuadas”.

“Es necesario impulsar un plan de inversión en recursos tecnológicos y para afrontar las dificultades del alumnado durante estos dos cursos marcados por la pandemia”, agregó CSIF.