La defensa de Béjar solicitó en enero al magistrado que instruye la causa que requiriera al banco una copia íntegra de los servidores en los que se alojan todos los correos electrónicos relacionados con la causa para que sean depositados y custodiados en sede judicial.

La representación legal del banco presentó ante el juzgado un escrito fechado el pasado 11 de agosto en el que afirma “no guardar copia de los correos electrónicos de la cuenta corporativa del investigado”. Por ello, García Castellón insta ahora a la defensa de Béjar a que le informe de las direcciones de correo de varias personas.

Se trata de: José Manuel Villarejo Pérez, José Manuel Villarejo Gil, Rafael Redondo Rodriguez, socios todos ellos de la empresa Cenyt, a través de la cual se realizaron los contratos; Jesús de Pino Durán, Eduardo Ortega Martín, Juan Carlos Moreno, Luis Manuel Portillo Muñoz, José Romero González, Manuel Lagares Gómez-Abascal, Fernando Martín Álvarez, Pedro Pérez Fernández de la Puente y “cuales quiera otra asociada al grupo Cenyt que tenga relación con la presente pieza”.

El magistrado había denegado anteriormente esta diligencia que solicitaba tener acceso a la totalidad de la correspondencia albergada en los correos corporativos, tanto de BBVA como en Castellana Norte SA (empresas en las que fue cesado el investigado con posterioridad a su imputación formal en la presente causa) habida cuenta de que la parte del 'forensic' realizado por PwC solamente recogía parte de la correspondencia.

La defensa de Béjar sostiene que los abogados del BBVA realizaron un cribado previo de los datos que iba a entregar a la auditora PwC para el informe 'forensic'. Y asegura que estas limitaciones impide asegurar “la integridad, identidad e indemnidad entre los documentos analizados”.