El acto podrá seguirse en directo en la web ‘www.poderjudicial.es’ y, por primera vez, también a través del perfil @PoderJudicialEs en la red social Twitter. Tendrá lugar en el Salón de Plenos del alto tribunal y en el mismo intervendrán Carlos Lesmes y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020.

A la ceremonia asistirán magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; además de los vocales del CGPJ, los expresidentes del Tribunal Supremo Pascual Sala y Gonzalo Moliner y, entre otras autoridades, el presidente del Senado, Ander Gil; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y la ministra de Justicia, Pilar Llop.

También está prevista la presencia del jefe de la oposición, Pablo Casado; de las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán; y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de mil días en funciones por la incapacidad del PSOE y el PP de ponerse de acuerdo para su renovación. La modificación legislativa impulsada por el Gobierno impide la renovación de los magistrados que han causado baja y deja en cuadro, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que tendrá media docena de plazas vacantes a principio de 2021.

Ante esta situación insostenible, el presidente del Consejo y del TS, Carlos Lesmes, hará un duro discurso respaldado por los vocales del Consejo de uno y otro signo están de acuerdo en que su presidente reclame una renovación urgente que es necesaria para impedir que se “debilite” la independencia judicial. Y hará esta exigencia por igual al PP y al PSOE evitando entrar en la batalla por la responsabilidad en la falta de acuerdo para la renovación.

El Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada cinco años, pero el mandato de sus miembros actuales caducó a finales de 2018, fecha desde la que ha seguido funcionando de manera interina y con plenos poderes para realizar nombramientos, hasta que el Gobierno impulsó una reforma que se lo impedía.

Ahora, preocupa especialmente la situación del Tribunal Supremo. La modificación de la legislación sobre el CGPJ supuso una limitación efectiva de su capacidad para efectuar nombramientos. Así, a principios del año próximo el número de vacantes sin cubrir se acercará al medio centenar, una decena de ellas en el Supremo y otra media docena en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, cuyos actuales presidentes podrán continuar en funciones hasta su relevo. Esta situación compromete el normal funcionamiento de esos órganos judiciales.

Es el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, la que tendrá que estudiar la concesión de los indultos a los condenados del ‘procés’, que tras la jubilación en agosto del magistrado José Díaz Delgado acumula cinco vacantes, que serán seis a principio del año próximo con la prevista jubilación del magistrado Rafael Fernández Valverde.

Ante la evidencia de que el acuerdo de renovación no está cercano. Son varias la ideas que los jueces están poniendo en marcha para lograr la renovación. Así, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha abierto una petición en Change.org en la que pide apoyos para, directamente, "pedir al principal partido de la oposición que cambie esa actitud obstruccionista y se proceda a la renovación del CGPJ".

Además, fuentes del CGPJ indican que el órgano de gobierno de los jueces estaría buscando fórmulas para poder cubrir esas plazas mediante la figura del magistrado suplente o nombrar a alguno en comisión de servicio, pero no está claro que esta operación pueda sortear las limitaciones legales de la última reforma del CGPJ.

Los vocales del Consejo y su presidente no dejan de enviar al PP de manera discreta un mensaje claro para que llegue a un acuerdo de renovación. Los populares no parecen estar dispuestos a dar su brazo a torcer y mantienen su exigencia de que sean los propios jueces los que elijan a una parte de los integrantes del CGPJ y que Unidas Podemos quede al margen de la negociación.

Sin embargo, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defienden el actual sistema de elección de los jueces. El Gobierno acusa en exclusiva al PP de la paralización de la renovación y ha puesto en marcha una campaña en redes sociales bajo el lema ‘Mil días de secuestro de la Constitución’.