Así lo indicó Pagazaurtúndua en sus redes sociales, en relación con las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que señaló que “en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado”.

En una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló que es de “especial gravedad” una “aseveración” como esta viniendo de un alto cargo del Gobierno, al tiempo que lamentó que esa “intromisión partidaria” en el gobierno de los jueces lleva “décadas implantada”, “en contra del espíritu” de la Constitución y de las reglas de la Unión Europea.

Asimismo, recordó que en abril llamó la atención del comisario sobre los “problemas” de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, a causa de la “politización” del sistema de elección, en el que intervienen el Congreso y el Senado. “En este momento 2.500 jueces españoles se movilizaron contra la reforma que planea el Gobierno del CGPJ”, añadió.

En este sentido, comentó que el comisario tuvo que intervenir “con acierto” para pedir al Gobierno que evite la “politización” en el gobierno de la judicatura, con el objetivo de “velar eficazmente” por la separación de poderes y “por ende” por la “calidad de la democracia española”.

Por ello, la eurodiputada de Ciudadanos confió “nuevamente” en que pueda detener una reforma que refleja, a su juicio, las “ansias de control de ciertos partidos políticos” sobre el sistema judicial, “sin tener en cuenta que la separación de poderes es nuestro mejor sistema defensivo, como democracia, frente a los abusos del poder político y sus arbitrariedades partidarias”.

También destacó que el informe anual sobre el Estado de derecho y las consultas que conlleva es ,“sin duda”, un instrumento “útil y necesario” para “exigir con la mayor claridad la necesidad” de que el Gobierno cumpla lo que la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la Constitución española “indican con claridad”.

“Solo así podremos actuar de forma eficaz respecto al riesgo acumulado de las intenciones que se manifiestan. La Comisión debe ser muy clara sobre la peligrosa deriva del Gobierno español y de su deseo confesado de interferencia sobre el poder judicial”, comentó.