En concreto, la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro, denuncia delitos de financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 bis 2 del Código Penal CP); malversación, (artículo 432 del CP); y delito de tráfico de influencias, (artículo 328 del CP).

La denuncia recoge las declaraciones del embajador de Ecuador, quien se refiere a pagos mensuales que llegarían hasta 1.200.000 euros al año, a través de posibles pagos a Montero y Mayoral con el objetivo de financiar a Podemos.

La empresa a través de la que se recibirían los pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa, creada para asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España, y está formada por Mayoral, Ana Marcello, exdiputada de Podemos; y Elena Marcello, actual presidente de la sociedad, y se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador.

El contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador, destaca Castro en su escrito, contaría con una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos, y una cláusula de indemnización. Como resultado de estos contratos, Kinema multiplicó sus ingresos anuales.

En la denuncia, Castro se refiere a los testigos que han declarado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42, donde los testigos han declarado que Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema.

Por todo ello, Castro solicita a la Fiscalía Anticorrupción que se tome declaración tanto a Irene Montero como a Rafael Mayoral. Del mismo modo, se pide la declaración del actual embajador de Ecuador en España, en calidad de testigo.

Además, entre las diligencias a practicar se solicita que se libre de oficio a la UDEF para identificar la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y su concepto; que se libre de oficio a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña para que identifique los pagos recibidos y aporte el libro de socios. Por último, solicita que se libre de oficio al Gobierno de Ecuador para la identificación de los contratos y pagos realizados.