En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, Castells subrayó que la LOSU “es un componente clave de la acción del Ministerio en esta legislatura”, y que es necesaria por “el cambio profundo de la sociedad” y “las dos graves crisis económicas que han golpeado a las universidades públicas”.

Según enumeró, los objetivos de la futura ley pasan por la mejora de la calidad, la vinculación al sistema de investigación y la lucha contra la precariedad (ésta, a través de una mayor vinculación al mercado laboral y la empleabilidad ante la previsible “jubilación masiva” en el profesorado universitario en la próxima década).

El ministro también se refirió a la creación de pasarelas con la FP, la lucha por la equidad, especialmente la de género como principio transversal, la inclusión de las personas con discapacidad en la Educación Superior y la internacionalización.

En estos últimos meses hasta la llegada de este texto al Consejo de Ministros en primera lectura este martes, diversos actores universitarios han vertido críticas sobre el proyecto de Castells. De hecho, los rectores reclaman que quienes lleven la jefatura de los campus sean catedráticos y no sólo funcionarios con unos determinados “méritos”, como propone Castells, y que haya una mayor coordinación con Ciencia para fomentar la investigación.

Desde los sindicatos hay voces que llaman a mejorar la carrera profesional, la retribución y la estabilidad de docentes e investigadores, y los estudiantes reclaman mayor participación en la toma de decisiones.

UN AÑO DE CONSULTA

El ministro precisó que su proyecto de ley “respeta escrupulosamente” las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades, y que el texto que ha llevado al Consejo de Ministros se basa en unas 70 reuniones que ha mantenido con diversos actores durante “un año de consulta", entre los que citó a órganos colegiados competentes del sector, rectores, estudiantes, sindicatos y “todos los grupos parlamentarios”. El texto, subrayó, trata de “sintetizar” la “disparidad” de opiniones de todos ellos.

En opinión de Castells, el desarrollo de la LOSU contará con “financiación suficiente para las universidades públicas”, pues “ya está en la Lomloe”, dijo en referencia a que la también denominada ‘ley Celaá’ se compromete a llegar a un gasto educativo del 5% del PIB “en una década”. En ese porcentaje, matizó, se incluye la parte proporcional para las universidades.

La de este martes ha sido la primera comparecencia del ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, después de que tomase posesión de su cartera en enero de 2020.