La manifestación ha sido convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare y los organizadores del evento, Elkartasun Eguna, para denunciar “legislaciones excepcionales como la ley 7/2013 que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos”.

El secretario de organización de Jupol, Aarón Rivero, y Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil, agradecieron el “gesto e interés mostrado” por el delegado del Gobierno al recibirlos y aprovecharon para reclamarle que pongan todo su “empeño” para que no se realice este homenaje con el que "se pretende reconocer y ensalzar la capacidad de odio de un asesino que ha dejado un reguero de sangre y terror”, aseguró Rivero.

Vilariño avanzó que Denis Itxaso “entiende, incluso posiblemente comparte nuestra posición”, pero que la delegación del Gobierno “carece de competencias”, ya que es competencia del Gobierno Vasco. No obstante, resaltaron la “frialdad” del encuentro.

Así, criticaron que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no haya querido recibirles. Asimismo, añadieron que esta “representa la única manera de transmitir al Gobierno”, tanto el “malestar” de las víctimas del terrorismo como de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según Vilariño, este hecho “más allá de la libertad de expresión, roza el enaltecimiento del terrorismo”.

El representante de Jucil manifestó que “da la impresión de que se pretende borrar o silenciar el pasado sangriento de ETA”. Además, le indicaron al delegado del Gobierno “la necesidad de que se legisle” para evitar este tipo de gestos.

De esta forma, ambas organizaciones mostraron su “total rechazo” a la convocatoria de esta manifestación, ya que este acto podría incurrir en un “delito de enaltecimiento y apoyo a uno de los más sanguinarios miembros” de la banda terrorista.

Así, sostuvo que “los organizadores de esta concentración están deslegitimados al querer enaltecer y poner en valor las hazañas de un asesino de niños”. A su vez, afirmó que desde los grupos abertzales se pretende “erosionar y minar la legalidad vigente”.

Por otra parte, Rivero incidió en que, si finalmente se realiza el homenaje, se asistirá al “reconocimiento público” de que “las ideas que llevaron a los etarras a matar son palpables y asumidas” en la actualidad por una parte de la población del País Vasco. Ello pese a que ETA haya dejado las armas “por la presión de policías nacionales y guardias civiles”.

POSIBLES ACCIONES LEGALES

El secretario general de Jucil explicó que si finalmente no se suspende este acto no descartan “emprender acciones legales para depurar las consiguientes responsabilidades”.

De este modo, en ese supuesto, su departamento jurídico recopilará toda la información sobre los “convocantes, las instituciones que han autorizado la marcha y los estamentos” que no la hayan impedido por si hubieran infringido la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Además, Jucil denunciará ante la Fiscalía General del Estado esta convocatoria y pedirá que se prohíba su celebración.