La Sala de lo Contencioso ha dictado una sentencia, a la que ha tenido Servimedia, en la que avala la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno de marzo de 2020, que suspendió esa subida.

El Ejecutivo, amparado en datos de la CNMC, entendió que el encarecimiento planteado por Telefónica “tendría un especial impacto en un segmento de consumidores en situación de mayor vulnerabilidad económica”, sobre todo personas mayores, que contratan solo teléfono fijo y que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Telefónica adujo que su subida propuesta se situaría por debajo del incremento del IPC acumulado desde 2013, en línea con el alza de precio de los servicios telefónicos y en un marco de crecimiento continuado de los índices de renta desde 2014.

El Supremo, en la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, conviene con el Gobierno en que las subidas propuestas afectarían muy especialmente a la quinta parte de la población con menor renta, mayores que no adquieren paquetes de prestaciones televisivas “y que serían los que sufrirían un impacto negativo en cuanto a la asequibilidad del servicio universal”.

Al Supremo tampoco le convence la alegación de Telefónica de que ese colectivo ya dispone del abono social. Cree que no es una medida suficiente para compensar la subida propuesta por el operador de telecomunicaciones, “pues no se cuantifica el porcentaje de personas de esa quinta parte de la población que disfrutan del abono social ni la efectiva repercusión en su renta”.

El servicio universal de telecomunicaciones incluye prestaciones básicas para todos los ciudadanos como el acceso al servicio de telefonía fija en un punto de acceso público, Internet con capacidad de banda ancha a 1 Mbp en zonas rentables o medidas específicas para usuarios con discapacidad.

La última fijación del coste neto total del servicio universal de telecomunicaciones la estableció la CNMC en 14,63 millones de euros, correspondiente al ejercicio 2018 y similar a años precedentes. A la financiación de esta prestación también deben contribuir los operadores competidores de Telefónica.