“No vamos a cambiar la Ley Rider porque es suficientemente clara, lo que vamos es actuar contra las empresas que están incumpliendo la ley Rider”, explicó en una entrevista con Servimedia frente al “problema” de “unas empresas que no quieren aplicar la ley y, de manera insumisa, están buscando nuevos elementos que quieren confrontar en las magistraturas, y con eso van ganando tiempo”.

Según el líder ugetista, las plataformas “quieren plantear una nueva batalla” en la aplicación de la ley tras perder la que libraron para frenar su aprobación “de manera absolutamente indigna, provocadora”, “intentando por todos los medios que sus lobbies impidieran que fuera al Congreso”, a sabiendas de que el coste de saltarse la regulación será limitado.

“Uno de los problemas de la legislación española es que a las empresas esas batallas le salen gratuitas”, reprochó, confrontándolo con el esfuerzo que acometen sindicatos, empleados y Estado al encarar procesos judiciales. “Para nosotros tiene mucho coste porque tenemos coste jurídico, tenemos costes de personal, tenemos costes de organización, de los derechos de los trabajadores... Para el Estado tiene mucho coste porque, algunas veces, cuando llegan a cobrar lo que tiene que cobrar la Seguridad Social ya la empresa no tiene medios y está cerrada; para las empresas no tienen ningún coste”, aseguró.

A título de ejemplo de los incumplimientos, denunció que las plataformas digitales no están compartiendo con los representantes de los trabajadores la información laboral que contienen los algoritmos que están aplicando a sus repartidores pese a que la Ley Rider les obliga. Se trata de información sobre los sistemas de organización y control del trabajo, el establecimiento de mecanismos de primas e incentivos o la valoración de puestos de trabajo, que permiten además comprobar si cumplen con las normas laborales.

“En la legislación ordinaria tú no puedes aplicar algoritmos a los trabajadores del reparto que cuestionen el salario mínimo interprofesional y aquí, como el control horario es el que es, pues con esta vía de bonificaciones y desbonificaciones, pues seguro que te estás cargando el salario mínimo interprofesional”, estimó, concluyendo que UGT activará todo a su alcance para impedir los incumplimientos.

“Vamos a hacerlo con denuncias a la inspección, vamos a hacerlo con denuncias en las magistraturas, vamos a hacerlo con manifestaciones públicas. Lo vamos a hacer por tierra, mar y aire. No van a ganar”, aseguró, restando importancia además al amago de plataformas como Deliveroo de abandonar el país, como ya ha anunciado y cuya decisión última depende de una consulta con sus trabajadores en septiembre.

Álvarez explicó que, con “esta cantinela”, han obligado en otras ocasiones a ir a procesos de negociación cuando lo que está en juego son traslados de negocios dentro del país, pero aquí el ultimátum de abandonar el mercado no es efectivo porque no son negocios transferibles y, si dejan su espacio, lo ocupará otra plataforma de ‘delivery’. “Dicen que se van, pues que se vayan ¿qué se van a llevar la gente que tienen para repartir la pizza? ¿Van a ir a repartir a Francia o Alemania que tampoco tienen una legislación que se lo permite?”, reflexionó.

“La gente que quiera tener una pizza en su casa la va a tener igual. La repartirá Glovo o la repartirá una cooperativa de trabajadores que se asocien, por ejemplo, y cuyo trabajo se reparte y no que haya una multinacional cada año fustigando con sus cuantiosos beneficios a cuenta de no pagar la Seguridad Social o de hacer este tipo de sistema para pagar poco”, concluyó.