Este reglamento sólo se aplicará en supuestos de reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas, así como en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Según explicó el Ministerio de Fomento, dada la "complejidad técnica" que acompaña a la valoración inmobiliaria, el texto incorpora metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas matemáticas específicas.

El objetivo es introducir el "mayor rigor" en las valoraciones, eliminando márgenes de error derivados de la inexistencia de dichas fórmulas.

El ministro de Fomento, José Blanco, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "por primera vez en la historia" se dota al urbanismo español de un reglamento con los criterios de valoración del suelo.

Entre los aspectos concretos que recoge la normativa se encuentra que en el caso del suelo rural se abandona el método de comparación, porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y porque con ello se eliminan elementos especulativos en la valoración de estos suelos.

Por su parte, en el suelo urbanizado se establecen métodos de valoración que dan lugar a tasaciones de los inmuebles siempre actualizadas y equivalentes a las que podrían obtenerse, mediante el método de comparación, en el propio mercado. La aplicación de dicho método se extenderá a los inmuebles existentes sobre estos suelos.

En este sentido, se utilizarán criterios basados en información del mercado para la valoración de los inmuebles en situación de urbanizados.