Lo hizo después de uno de sus equipos de investigación sobre el terreno estudiase pruebas gráficas y hablase con testigos presenciales de los hechos que contaron “testimonios desgarradores” de los hechos acaecidos entre los días 4 y 6 de julio en el pueblo de Mundarakht, en los que seis de los hombres murieron por disparos y tres, por torturas, a uno de los cuales lo estrangularon con su propio pañuelo y le rebanaron los músculos del brazo.

Según Amnistía Internacional, estos “brutales asesinatos” probablemente sean una “fracción mínima” del total de muertes provocadas por los talibanes, que, añadió la ONG, han cortado el servicio de telefonía móvil en muchas de las zonas que han capturado recientemente y controlan las fotografías y vídeos que se divulgan en ellas.

Los testimonios recogidos por la organización desvelan que en Mundarakht, el pasado 3 de julio, ante el avance de los talibanes, los lugareños huyeron a las montañas, a los tradicionales iloks, sus tierras de pastoreo de verano, donde tienen unos refugios básicos.

Ante la escasez de alimentos para proveer a las 30 familias que huyeron, a la mañana siguiente cinco hombres y cuatro mujeres regresaron al pueblo a recoger provisiones, encontrándose allí con los talibanes que, después de saquear sus casas, estaban esperándoles.

Los talibanes sacaron de su casa a Wahed Qaraman, de 45 años, le rompieron brazos y piernas, le dispararon en la pierna derecha, le arrancaron el pelo y le golpearon en la cara con un objeto contundente, mientras que Jaffar Rahimi, de 63 años, sufrió una brutal paliza y cuando le encontraron dinero en el bolsillo lo acusaron de trabajar para el gobierno afgano y le estrangularon con su propio pañuelo luego de rebanarle los músculos de los brazos.

A Sayed Abdul Hakim, de 40 años, lo sacaron de su casa, lo golpearon con palos y culatas de fusil, le ataron los brazos y le dispararon dos veces en la pierna y dos en el pecho, arrojando su cadáver a un arroyo próximo.

Uno de los testigos presenciales, que ayudó en los entierros de las víctimas, relató a Amnistía que “preguntamos a los talibanes por qué hacían esto y nos dijeron que ‘cuando es la hora del conflicto, todo el mundo muere, no importa si tienes armas de fuego o no. Es la hora de la guerra’”.

EJECUCIONES SUMARIAS

Por su parte, durante los dos días del baño de sangre, otros tres hombres —Ali Jan Tata (65 años), Zia Faqeer Shah (de 23) y Ghulam Rasool Reza (de 53)— fueron víctimas de emboscadas y ejecutados cuando salieron de los iloks y trataban de atravesar Mundarakht para llegar a su casa, en la cercana aldea de Wuli.

En Mundarakht les dieron el alto en un control talibán, donde los ejecutaron. A Ali Jan Tata le dispararon en el pecho y a Rasool, en la nuca. Según testigos, el pecho de Zia Faqeer Shah estaba tan acribillado de balas que lo tuvieron que enterrar en trozos. Sus cadáveres fueron arrojados al arroyo, junto al de Sayed Abdul Hakim.

Tres hombres más fueron también asesinados cruelmente en su pueblo. Testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que Sayeed Ahmad, de 75 años, insistió en que los talibanes no le iban a hacer daño porque era un anciano y que trataba de volver para dar de comer a su ganado. Lo ejecutaron con dos balas en el pecho y otra en un costado.

Zia Marefat, de 28 años, sufría depresión y apenas salía de su casa en Mundarakht. Se negó a marcharse cuando los talibanes tomaron el control del pueblo pero finalmente lo hizo, después de que su madre y otras personas le rogaron que huyera por su seguridad. Sin embargo, cuando caminaba solo hacia el ilok, los talibanes lo capturaron y lo mataron de un disparo en la sien.

Karim Bakhsh Karimi, de 45 años, que tenía una enfermedad mental no diagnosticada, no huyó con el resto de la población. También lo mataron de un tiro en la cabeza.

Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, aseveró que “la brutalidad y sangre fría de estos asesinatos recuerda el historial de los talibanes y es un espantoso indicador de lo que podría suceder con el gobierno talibán”, lo que le sirvió para apuntar que “las minorías étnicas y religiosas siguen corriendo un riesgo especial bajo el gobierno talibán en Afganistán”.

Por ello, reclamó al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una resolución de emergencia para exigir a los talibanes que respeten el Derecho internacional de los derechos humanos y que garanticen la seguridad de todos los afganos, con independencia de su etnia y de sus creencias religiosas.

También instó al Consejo de Derechos Humanos a poner en marcha un “sólido mecanismo de investigación para documentar, recoger y preservar pruebas de los crímenes y de los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en todo Afganistán”, lo cual será “fundamental para garantizar una toma de decisiones informada de la comunidad internacional y luchar contra la impunidad que sigue exacerbando la comisión de crímenes graves en el país”.

Por último, pidió a la comunidad internacional que proteja al sinnúmero de afganos y afganas que están en riesgo de sufrir represalias de los talibanes, desde intelectuales y periodistas hasta activistas de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.