Este colectivo denunció la “falta de atención individualizada” de los menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma, como así lo atestiguan la Fiscalía de Menores y organizaciones como Save the Children, así como la falta de prestación de servicios de asistencia letrada.

Por ello, exigió que la instrucción del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sea considerada como “declaración contraria a derecho”, lo que, de aceptarse, supondría la nulidad de su ejecución y de cuantas se hayan dado dimanantes de ella.

La Red también pidió acumular ante la Audiencia Nacional todas las actuaciones previas interpuestas por otras entidades, al tiempo que aportó, para su posterior incorporación a la instrucción, los datos y actuaciones emitidos por organismos y entidades, como Unicef, Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo, Naciones Unidas, el Consejo General de la Abogacía, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

En ese sentido, el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, reclamó “urgentemente” que “se proceda a garantizar un cambio en la política de Interior del Gobierno de España”, ya que “el Ministerio no puede saltarse la norma y aplicar deportaciones sumarias, ya condenables para población adulta, pero inadmisibles para niños muy vulnerables sin referentes familiares a los que no se está devolviendo con sus familias, sino hacinando en otro centro de menores pero bajo régimen marroquí del que dudamos de su respeto a los básicos derechos humanos y del niño”.

Por último, la Red reclamó a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados una reunión para explicarles lo sucedido y para encontrar una respuesta política a esta medida decretada por Interior.