La normativa de contratación pública permite la adjudicación directa de contratos entre entidades de un mismo grupo, siempre que se reúnan una serie de requisitos, entre los que está que no se distorsione la competencia en los mercados. Para detectar esa posible distorsión, Competencia se encarga de hacer un estudio, que en este caso es el segundo de este tipo que publica la CNMC, tras el que dedicó a Cesce, grupo asegurador con mayoría de capital público.

El Grupo Hunosa es una organización empresarial de titularidad pública, propiedad cien por cien de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que centra su actividad en la energía y los servicios energéticos y de restauración medio ambiental. La corporación está formada principalmente por la matriz Hulleras del Norte (Hunosa) y dos filiales (Sadim y Hunosa Empresas).

El informe de la CNMC se centra en las relaciones entre la matriz Hunosa y su filial Sadim, que fue creada en 1999 y realiza trabajos de consultoría y asistencia técnica en diversos ámbitos, destacando el de la ingeniería.

El grupo ha venido recibiendo diferentes ayudas públicas en los últimos años, destacando por su cuantía y duración las que vienen a compensar los costes por las prejubilaciones de la plantilla por el proceso de cierre de minas, con la preceptiva autorización de la Comisión Europea.

De acuerdo con la información que ha recabado la CNMC, Hunosa y Sadim “compiten en el mercado libre con otros operadores económicos, sin que desarrollen ninguna actividad que no persiga una finalidad genuinamente mercantil”.

El organismo supervisor que preside Cani Fernández explica que las categorías generales de contratos tienen como finalidad principal atender a las necesidades de las sociedades del Grupo para realizar sus actividades genuinamente mercantiles, “y no se observan indicios de que los precios de estos contratos no sean de mercado”.

Una reciente reforma legal ha habilitado al Grupo Hunosa para adquirir la condición de medio propio del sector público para la restauración de espacios afectados por la minería. Si bien todavía no se ha hecha efectiva esta posibilidad, Competencia recomienda en su informe que se establezcan las medidas oportunas tanto para evitar la creación de ventajas competitivas a favor de la entidad, como para la adopción de medidas de separación contable respecto al resto de actividades que se desarrollen.