El estudio, elaborado a partir de una encuesta a entidades estatales, autonómicas y locales, es fruto del proyecto "Acelerando la RSE en empresas públicas", enmarcado en la iniciativa europea Enterprise 2020.

En el acto de presentación, el director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, recalcó que “las empresas públicas han de comprometerse ahora más que nunca a integrar la RSE en su gestión, como un modelo eficaz para su estrategia de negocio”.

Según el informe, una quinta parte de las empresas públicas ha establecido una política formal de RSE y el 35 por ciento de este tipo de entidades cuenta con departamento de responsabilidad social.

Tal como refleja el documento, las entidades públicas de mayor tamaño son las que primero empiezan a integrar aspectos relacionados con la RSE en sus organizaciones. Sin embargo, una de las mayores diferencias entre empresas privadas y públicas es que para estas últimas la responsabilidad social parece ser una herramienta de legitimación de cara a su propia existencia, más que como elemento de competitividad.

El estudio concluye que existe una notoriedad alta del fenómeno RSE entre las empresas públicas, lo que podría indicar que este tipo de empresas tienen mayor conocimiento que la media sobre esta materia.

La falta de concienciación de los trabajadores y la escasez de recursos disponibles son las principales barreras a las que se enfrentan las empresas a la hora de integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio.