El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, criticó este lunes a la ministra por esas declaraciones y afirmó que esas palabras son “inapropiadas” para una ministra de Justicia, que “no debe valorar las decisiones judiciales ni hacer alusiones a cuál debe ser la decisión judicial más acertada”.

López insistió en que "no es apropiado" establecer un "criterio previo" a una decisión judicial "tan importante" como ésta que podría suponer la anulación de unos indultos que a su entender son "barbaridad jurídica".

La ministra declaró a un grupo de periodistas que quien hace estas manifestaciones “seguramente desconoce el sistema judicial español” y la independencia de la que gozan los magistrados del Supremo. "Quizá quien quiere influir en los magistrados en es quien dice que yo quiero influir", dijo.

Llop hizo estas declaraciones en la inauguración del nuevo Juzgado de Paz de Castrillón (Asturias), junto al presidente del Principado de, Adrián Barbón. Las instalaciones, que han supuesto una inversión de más de 111.000 euros por parte del Gobierno del Principado de Asturias, suman 159 metros cuadrados, frente a los 55 del local anterior, y cuentan con zona de atención al público, sala de vistas, tres despachos y área para archivo y documentación.

El nuevo Juzgado de Paz da servicio a más de 22.000 habitantes y es el que más población atiende de los 60 órganos de este tipo que funcionan en Asturias, por delante de los de San Martín del Rey Aurelio (15.800), Corvera (15.500), Llanera (13.000) y Gozón (10.200).

Estos órganos cubren las necesidades de los municipios de más de 7.000 habitantes en los que no existe juzgado de primera instancia y están atendidos por jueces no profesionales que ejercen funciones jurisdiccionales. También cuentan con funcionarios de la Administración de Justicia y personal de los propios ayuntamientos.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Castrillón y el Gobierno de Asturias responde a las previsiones de la futura Ley de Eficiencia Organizativa, impulsada por la ministra Llop. De este modo, con la adecuación de espacios y la dotación de la tecnología necesaria los juzgados de paz se transformarán en Oficinas de Justicia, reduciendo la brecha territorial, digital y ecológica, y acercando los servicios públicos a la ciudadanía.

A su vez, el proyecto se enmarca en el Plan Justicia 2030 que impulsa el Ministerio de Justicia y cuyo principal propósito es transformar este servicio para hacerlo más accesible y eficiente, con el fin de contribuir a la cohesión social y territorial, así como a la sostenibilidad.

Este tipo de intervenciones resultan de especial trascendencia para Asturias, que apuesta por el municipalismo y por la cercanía en la atención a la población, a pesar de la dispersión territorial.

Por otra parte, el Principado recibirá en 2022 más de 2,6 millones de euros procedentes del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) para la Administración de Justicia, dentro de los proyectos que la cartera que dirige Llop pondrá en marcha junto con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Los fondos se destinarán principalmente a la modernización tecnológica y al desarrollo de las actuaciones necesarias para la adaptación de las aplicaciones a las leyes de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa.