Así lo anunció la vicepresidenta cuarta del ministro y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto a la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta mañana aprobó la autorización a propuesta de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

“Se trata de una operación singular que afecta a una empresa estratégica en un sector estratégico. Su concurso en la próxima década es imprescindible para la consecución de los objetivos de política energética”, explicó Ribera.

El fondo australiano realizó la OPA 26 de enero a través de Global InfraCo y se extiende hasta 220 millones de acciones de Naturgy, el 22,7% del total, si bien su éxito está condicionado a lograr un 17% mínimo. El precio de la oferta es de 22,07 euros por cada acción, tras haber sido descontado los dos dividendos anunciados por la compañía presidida por Francisco Reynés, que recientemente ha presentado su nuevo plan estratégico. El fondo asumirá así un desembolso de hasta 4.855,4 millones en el caso de que se adquiriera el total de acciones a las que va dirigida su oferta.

La luz verde final estaba pendiente del Gobierno ya que la CNMV ya autorizó la operación, y llega ahora. Ribera expuso que la operación fue notificada a la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento establecido, “y no hizo observaciones al respecto”, pero la Junta de Inversiones Exteriores sí fijó el pasado día 27 de julio “el cumplimiento de determinadas condiciones” en su informe favorable, que ha sido la base de la autorización del Gobierno.

Son condiciones con una vigencia de cinco años y de tres, dado que Naturgy “desempeña un papel esencial en el sistema energético español tanto en el sector eléctrico como en el de gas natural prestando actividades en régimen económico regulado y en libre competencia y es designado con operador crítico y es clave en el aprovisionamiento de gas natural en nuestro país”, expuso, subrayando que su contribución resulta “fundamental para la consecución de los objetivos de transición energética justa en España”

El Gobierno exige que durante los cinco años siguientes a completar la OPA el fondo IFM apoye con su votación en el Consejo de Administración y en la Junta General de Accionistas la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España, “que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de rentabilidad y perfil de riesgo”.

Que mantenga además el domicilio social de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España, “una parte significativa de la plantilla del grupo en España” y una política de dividendos “prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética”.

Además le exige aplicar una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España “no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, y sea transparente con la información a los mercados de valores en sus reportes financieros semestrales y los anuales de Gobierno Corporativo y sobre remuneración del Consejo.

Asimismo, obliga al fondo australiano a “no apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que ya puedan estar reflejadas en el Plan Estratégico 2022-25” de Naturgy, aunque se presente al Consejo o la Junta, y que implique que “pierda el control de las filiales, que pueda poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España”.

MANTENER EL RATING Y EL ENDEUDAMIENTO

Por último y con una obligación de tres años frente a las anteriores Ribera expuso que también deberá comprometerse a no apoyar “ninguna propuesta de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad de las Bolsas españolas, salvo que dicha negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio”.

El incumplimiento de estas exigencias “dará lugar en su caso, a la revocación de la utilización de inversión extranjera y constituirá una infracción muy grave" en los términos previstos por la normativa, avisó.

“Esta operación es probablemente una señal de confianza de los inversores exteriores en la economía española y en la sólida ambición de nuestro marco para facilitar la transición energética el Gobierno es plenamente consciente de que esto debe hacerse con todas las garantías, con todas las cautelas”, refirió Ribera.

La ministra aseguró que se quiere inversión exterior “estable” y “con vocación de permanencia” en las empresas nacionales “porque es fundamental para apuntalar la recuperación, favorecer la creación de empleo, modernización de la economía”, pero garantizando al tiempo “parámetros fundamentales básicos en un sector clave sistémico para la economía, como es el de la energía para una empresa clave en el sector de la energía como es Naturgy”.

“Naturgy desempeña su actividad en el sector eléctrico y de hidrocarburos y ostenta la titularidad de infraestructuras críticas que afectan al orden, la seguridad y la salud pública, tal y como establece en el ámbito de aplicación de esta ley”, agregó.

Ribera reconoció que el acuerdo “introduce unas condiciones enormemente garantistas” en materia de empleo para dar “tranquilidad” a la plantilla y a la economía. Se mostró, no obstante, confiada en que IFM será un inversor estable dada su trayectoria en Europa como actor “perdurable en el tiempo asociado al fondo de pensiones de los trabajadores de uno de los sindicatos australianos” y subrayó que solo aspire a controlar solo un 22% de la empresa.

“Yo creo que esto ofrece una señal de tranquilidad para los operadores nacionales, para los trabajadores nacionales, una señal de tranquilidad también para aquellos que confían en las inversiones en las que puedan tener interés del presente y del futuro”, añadió.

En cuanto al pago prudente de dividendos exigidos lo justificó en que, dado el momento de transformación en España, lo “razonable” es que los ingresos sean destinados de “forma muy importante, no tanto o no solo a repartir dividendos, que de nuevo es perfectamente legítimo, sino a reinvertir para consolidar un perfil de sostenibilidad económica y de negocio en el medio plazo”. “Es hora de invertir más que de repartir dividendos”, concluyó.