Así lo explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde afirmó que “no es momento para maximizar beneficios”.

A este respecto, destacó que si este mecanismo que el Gobierno traslada ahora a las Cortes por la vía de urgencia entrara ya en vigor aportaría 625 millones de euros al sistema eléctrico, que permitirían una reducción del recibo eléctrico de las familias y las pymes del 2,5%.

Además, explicó que otra modificación introducida a esta normativa tras el examen por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado es introducir un umbral mínimo de precio del CO2 para que se active, en concreto de 20 euros por tonelada, el precio medio de los últimos cinco años.

En cuanto al impacto de la medida, Ribera señaló que sería de unos 200 millones de euros anuales con el precio de los derechos de emisión a 30 euros y de hasta 1.700 millones si escala hasta los 100 euros.

Lo recaudado por la minoración se destinará, en un 90%, a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables, reduciendo los cargos que pagan los consumidores.

El 10% restante se destinará a financiar las políticas de lucha contra la pobreza energética mediante transferencias a las administraciones públicas para atender el suministro de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

FAVORECERÁ LA DESCARBONIZACIÓN

Según el Gobierno, este mecanismo, compatible con el marco normativo nacional y comunitario, favorecerá la descarbonización al fomentar la electrificación de la economía gracias al descenso del precio de la factura y contribuirá a proteger a los colectivos más vulnerables.

Este anteproyecto regula la minoración de la retribución de las instalaciones no emisoras en territorio peninsular que iniciaron su puesta en servicio dos años antes de la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión en 2005, dado que las decisiones de inversión de estas centrales no contaban con el efecto de estos dividendos en su retribución para garantizar su viabilidad al determinarse con anterioridad a la existencia de este mecanismo.

La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyen las instalaciones de menos de 10 megavatios (MW).

La CNMC, organismo encargado de las liquidaciones del sistema eléctrico, calculará y notificará el importe de minoración para cada instalación. La cuantía correspondiente se abonará trimestralmente a esta entidad. El procedimiento establece una metodología objetiva y transparente que calcula, de manera precisa, el importe de la retribución del CO2 no emitido.

Esta medida se plantea para corregir una situación estructural del mercado eléctrico español derivada de su carácter marginalista, esto es, un mercado en el que todas las tecnologías de generación que se ofrecen reciben la retribución que marca el precio de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda, la tecnología marginal.

En numerosas horas del año el precio marginal, que establece el precio de mercado, lo marcan, directa o indirectamente, los ciclos combinados de gas natural, que repercuten el coste del CO2 que tienen que asumir en el mercado de derechos de emisión, en su oferta. Esto hace que la retribución que reciben todas las tecnologías por la energía generada sea más elevada y muy superior a los costes de generación de las tecnologías no emisoras, lo que deriva en precios elevados de la factura eléctrica para los consumidores.

El comercio de derechos de emisión de CO2 es un instrumento de mercado que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2005 para incentivar la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por parte de las plantas industriales.

La cotización de los mercados de futuros de derechos de emisión indica que esta situación de precios altos se va a mantener en el tiempo refrendada, entre otras motivaciones, por el aumento de la ambición climática adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el anuncio de la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París.

Esta tendencia y la previsión de que se mantenga ha aumentado la preocupación del Gobierno por el impacto del precio del CO2 en la factura eléctrica que pagan los consumidores y por el lastre que esta situación puede suponer para la recuperación de las economías domésticas e industriales.