En la respuesta, con fecha 26 de julio, a la que tuvo acceso Servimedia, el Ejecutivo central indicó que el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, “entidad autónoma de carácter administrativo adscrita al Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña” tiene, entre otras finalidades, “la de formar a los miembros de los servicios de seguridad públicos y privados, de prevención de incendios y de salvamento, de emergencias, de protección civil y de vigilancia, control y protección ambientales”.

Ello en el contexto de la publicación el pasado 10 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un Convenio entre la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña para la formación marítima de los Mossos d'Esquadra y el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat, en lo referente al gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas.

Ante ese acuerdo publicado en el BOE en junio, el Grupo Parlamentario Ciudadanos de la Cámara Alta recordaba en su interpelación que las competencias marítimas le corresponden a la Guardia Civil, por lo cual, solicitaba al Gobierno que explicara la motivación de dicho convenio y sus consecuencias en la formación marítima de los Mossos y los Bomberos de la Generalitat.

Anteriormente, en marzo de 2019, la policía autonómica catalana perdió sus competencias marítimas en favor de la Guardia Civil, quien asumió todas las funciones en las aguas interiores, tras la decisión de la Comisión Nacional de la Policía Judicial.

En ese sentido, el Gobierno se limitó a explicar el contenido del convenio. Expuso que, dentro de sus funciones, "radica la formación del personal del Cuerpo de Mossos d`Esquadra y del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, toda vez que ambos colectivos cuentan con unidades de intervención marítima, para realizar las funciones que tienen atribuidas”.

Así, en esa respuesta, también arguyó que “la necesaria la formalización del Convenio en pro de la seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar”. Según el Ejecutivo, el objetivo es “la determinación de la formación marítima necesaria por parte de los Cuerpos mencionados del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña”, así como “que estos puedan gobernar sus propias embarcaciones, en las aguas marítimas en las que ejercen sus funciones, para el desarrollo de las labores que la ley les encomienda”.

“La Dirección General de la Marina Mercante determina la formación que necesitan y se compromete a expedir los títulos correspondientes cuando la completen en los centros homologados al respecto”, añadió.

La colaboración a la que se alude responde “al establecimiento de los requisitos de formación marítima, la supervisión de la formación impartida, la expedición de las titulaciones habilitantes una vez superada la formación recogida en el convenio y la autorización para el gobierno de embarcaciones de pequeña eslora”.