Según un comunicado divulgado por la compañía, dicho expediente se abrió tras la solicitud de realizada por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, quien pidió a la Comisión Europea recopilar información general sobre el caso.

En concreto, Garicano pidió investigar la concesión de 53 millones de euros procedentes del Fondo de Ayudas para la Solvencia de Empresas Estratégicas a Plus Ultra que el Servicio Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó en marzo para rescatar la aerolínea.

El traspaso de estos fondos derivó en diversas críticas en la opinión pública por la poca actividad de la aerolínea en España y, posteriormente, en la apertura de acciones legales.

Sin embargo, la Comisión Europea ha decidido ahora cerrar el caso y sumarse a las recientes resoluciones del Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas archivó el pasado mes de junio las investigaciones incoadas a raíz de una denuncia de Ciudadanos, después de no apreciar indicios de haber dado lugar al incumplimiento de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicable al sector público.

Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por no presentar los hechos indicios de la comisión por dichos aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos objeto de la querella.

“Las tres decisiones vienen a demostrar, cada una en su ámbito, la falta de fundamento de las falsas acusaciones y tergiversaciones que se están vertiendo desde diferentes medios de comunicación, algunos representantes políticos y diversas organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española", aseguró la compañía.

En este sentido, Plus Ultra considera que la aprobación del rescate ha sido "utilizada injustificadamente en una batalla política en la que nada tiene que ver como arma arrojadiza contra el Gobierno de España, con el resultado de daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y accionistas”.

Ahora, la aerolínea española se muestra “satisfecha” con las decisiones tomadas por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo, y aseguró que “las comparte y las considera dentro de la normalidad”.