Las asociaciones firmantes se han constituido en “campaña permanente” a través de la cual reclamarán una “acción firme” para la puesta en marcha de una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio, que abarque desde la prevención hasta la sanción y la asistencia integral a la víctima.

Estos colectivos subrayaron que esta es “una antigua reivindicación no satisfecha que mantiene en grave discriminación legal y de facto a personas que el Estatuto de la Víctima y el Código Penal no reconocen como víctimas de delito de odio, como es el caso de las personas que sufren agresiones por su origen territorial, aspecto físico, característica genética, identidad cultural, lingüística, deportiva, profesional, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, protegidas universalmente por la Constitución”.

El Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideran crimen o delito de odio a “toda infracción penal motivada por intolerancia hacia las personas por rechazo a su diferencia”.

Estas asociaciones destacaron que estos delitos son una “trágica realidad en un contexto de crecimiento de polarización extremista, de xenofobia, racismo, antisemitismo, disfobia, de intolerancia hacia religiones y convicciones, misoginia y sexismo, homofobia y transfobia, antigitanismo, edadismo, ultranacionalismo, fanatismo ideológico, y de otras expresiones de intolerancia que niegan el valor universal de la dignidad humana, sus libertades y derechos a la persona por su diversidad”.

En España, añadieron, los últimos acontecimientos constatan esta “trágica realidad”, un “tsunami de intolerancia amenaza al mundo con volver a tiempos de persecuciones, asesinatos, horrores como el Holocausto y otros crímenes contra la humanidad”.

Por ello, consideran imprescindible la puesta en marcha de esta legislación, “con capacidad para intervenir con eficacia en todos los ámbitos y circunstancias, así como para apoyar y proteger a las víctimas”, según lo establecido en la Constitución.