Por lo que respecta al convenio suscrito con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, busca dar continuidad a la Junta Arbitral de Consumo de dicha comunidad, constituida en 1993, al entender que, desde entonces, realiza “una importante labor” para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial y de la necesidad de “facilitar” a los consumidores un “medio eficaz” de resolución de conflictos.
La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana abordará, “con carácter prioritario”, las reclamaciones de los consumidores de la región en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
La Comunidad Valenciana se compromete a impulsar, en su ámbito territorial, la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un año, su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, mientras el Ministerio de Consumo establecerá, en colaboración con la consellería, un sistema de información recíproco para el “buen funcionamiento” del Sistema Arbitral de Consumo.
A su vez, Consumo y la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo de este Sistema Arbitral de Consumo y las dos administraciones se comprometen a difundir dicho sistema para su conocimiento por parte de los ciudadanos en general, empresas y agentes económicos de la zona, así como a la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Asimismo, se crea una comisión de seguimiento para el control del convenio, que se reunirá anualmente y cuya secretaría será asumida por un funcionario de la Dirección General de Consumo y la modificación del convenio requerirá del acuerdo unánime y por escrito de los firmantes.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años adicionales, que se formalizará mediante adenda al mismo.
Las mismas condiciones afectan también a los convenios suscritos con la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para la renovación de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Barcelona, constituida en 1993; al firmado con la Consejería de Salud del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés (Asturias), que pretende dar continuidad a este órgano creado en 1995 y al rubricado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para reforzar la junta arbitral de consumo de dicho consistorio, creada en 1994.
El Sistema Arbitral de Consumo, que se compone de una Junta Nacional y 71 Juntas de Arbitraje, es un servicio público universal y gratuito a disposición de las personas consumidoras que permite resolver conflictos entre clientes y empresas sin recurrir a la vía judicial, “de manera ágil, rápida, con efectos vinculantes y de obligado cumplimiento”, según el departamento de Alberto Garzón.
El Ministerio de Consumo destinará este año 1,3 millones de euros provenientes de fondos europeos para modernizar las juntas arbitrales, mejorar sus servicios ‘online’ y la interconexión de todo el sistema, una red institucional que evita que los conflictos entre consumidores y empresas se sustancien ante los tribunales de justicia teniendo en cuenta que el número de solicitudes de arbitraje que tramitan las Juntas Arbitrales de Consumo es “cada vez mayor”, según el gabinete de Garzón.

Así, cifra en cerca de 120.000 las solicitudes recibidas solamente entre los años 2019 y 2020 y lo atribuye al aumento de la “conflictividad” en las relaciones de consumo, pero también a un “mayor conocimiento de los mecanismos de protección que tienen los consumidores”.