El CGE solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aprueben de forma urgente normas para la regulación del precio de los test de antígenos vendidos en farmacias o realizados en establecimientos sanitarios ante la situación de "brutal especulación que se está llevando a cabo con fluctuación de precios, en ocasiones desorbitados, así como situaciones de reventa a precios abusivos en locales de ocio nocturno".

Además, la organización enfermera recordó que el Gobierno aprobó hace unos días la venta sin receta de test de antígenos en oficinas de farmacias con una normativa que se limita a aprobar de forma exclusiva la venta de dichos productos para que los ciudadanos se hagan las pruebas en sus casas. De hecho, la recomendación es que no sea la persona sospechosa de estar infectada quien se desplace a hacer la compra.

Así, afirmó el CGE, "en ningún momento la nueva norma del Gobierno regula, ni permite ni ampara la realización de estos test por parte de los farmacéuticos en sus establecimientos privados, ni tampoco el acceso de estos profesionales a la historia clínica del paciente para comunicar resultado alguno".

Es por ello que, desde la profesión enfermera, "queremos poner de manifiesto que dos comunidades autónomas, concretamente Galicia y Murcia, decidieron ir más allá de lo regulado por el Gobierno y están permitiendo que los farmacéuticos realicen dichos test en sus establecimientos comerciales y recojan datos del paciente y acrediten los resultados a la sanidad pública".

POR AEROSOLES

A esto el CGE destacó la transmisión del virus por aerosoles, por lo que la realización de test de antígenos a personas sospechosas de estar infectadas requiere una serie de circuitos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad y la salud del resto de los clientes de las farmacias.

"Medidas que no cumplen todas las farmacias y cuyo incumplimiento, por tanto, supone poner en peligro la salud y la seguridad de habituales clientes vulnerables de las farmacias: ancianos, pacientes crónicos, inmunodeprimidos, familias con niños, etc", puntualizaron las enfermeras.

Asimismo, en el caso concreto de Murcia, la consejera de Salud anunció que va a ir aún más allá y va a habilitar que las farmacias reporten los casos positivos al Servicio Murciano de Salud (SMS), "lo que podría suponer una vulneración de la privacidad de la historia clínica del paciente y todos los datos que esta contempla", destacaron desde el CGE.

A esto recordó que "los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros, y por tanto habilitar a los farmacéuticos para dicho acceso sería ilegal, un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria".

Desde el Consejo General de Enfermería "queremos mostrar nuestro respeto a la importante labor que realizan los farmacéuticos en todo lo relativo a la información sobre el medicamento y a la concienciación del paciente para que sea este quien comunique a su centro de salud un posible positivo, una vez realizado el test en su casa".