Estos datos están recogidos en el Balance 2020 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que publican el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Según informó Interior este jueves, la situación provocada por la pandemia y las medidas adoptadas por las Administraciones para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19, provocó un descenso en las cifras de criminalidad, una disminución que también se ha visto reflejada en las infracciones penales relacionadas con la vulneración de la propiedad intelectual.

Durante el pasado año se investigaron 138 posibles infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual que afectaron a 133 presuntos infractores. Las investigaciones permitieron esclarecer el 59% de los casos (81).

VALENCIA, EN CABEZA

La Comunidad Valenciana (con 24 actuaciones), Andalucía (22), Cataluña (21) y Madrid (18) son las comunidades autónomas en las que se abrieron más investigaciones durante 2020, mientras que Madrid es la comunidad donde se intervino un mayor número de objetos (5.278), seguida por Cataluña (1.495) y la Comunidad Valenciana (1.083).

La mayor parte de las incautaciones policiales realizadas durante 2020 se han llevado a cabo en naves, fábricas o almacenes (72,7%). El 13,4% de los decomisos se produjo en establecimientos, locales u otros recintos.

Este balance recoge el total de las intervenciones policiales realizadas por Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra, así como por los cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). El estudio estadístico completo está disponible a través del Portal Estadístico de Criminalidad y de la página web del Ministerio de Cultura y Deporte.

Interior recordó que la vulneración de derechos de propiedad intelectual, tanto en el ámbito físico como a través de Internet, puede constituir un ilícito civil ante el que cabe la interposición de la correspondiente demanda con el fin de indemnizar el daño causado y, en los supuestos más graves, un ilícito de naturaleza penal recogido en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal.