Según informó la aerolínea en un comunicado, ha presentado al juzgado un escrito que incluye las alegaciones ante la materia requerida y un informe pericial encargado por la aerolínea española a un auditor de cuentas independiente.

“Tras analizar los datos contables de la compañía, el informe pericial concluye que, efectivamente, la aerolínea necesita recibir el préstamo participativo pendiente para garantizar su viabilidad tras los efectos que ha causado la pandemia por Covid-19 en su operativa”, señaló la compañía.

Plus Ultra ha recibido 19 millones de los 53 millones que le concedió el Gobierno el pasado mes de marzo y el resto de la ayuda, 34 millones, fue suspendida cautelarmente por la justicia la semana pasada requiriéndole que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”.

El informe pericial que Plus Ultra ha entregado “también demuestra que los 19 millones de euros recibidos hasta ahora han sido íntegramente empleados en los fines para los que estaban destinados”, según la compañía, que trasladó la “plena seguridad” de que los fondos restantes “serán asimismo empleados para los destinos y finalidades para los que fueron concedidos, y que, además de su sentido de responsabilidad y compromiso con lo pactado, existen instrumentos en la concesión que establecen exigentes y periódicos mecanismos de control”.

Plus Ultra mostró su “incomprensión” por la paralización de los desembolsos “sin que se haya mediado ningún tipo de incumplimiento por parte de la compañía, y sin que hayan variado en modo alguno las circunstancias que aconsejaron su concesión”, poniendo “en grave riesgo” su plan de viabilidad en el que sustentó la ayuda.

La aerolínea recordó que se trata de un préstamo que tiene que devolver, que existen mecanismos de control sobre el mismo y que las resoluciones procesales recientes como la del Tribunal de Cuentas, que archivó la investigación, “vienen a reforzar la absoluta legalidad de la concesión de los préstamos”.

La compañía defendió que la investigación penal y sus medidas cautelares no interrumpan “el curso ordinario de la actividad de la compañía, causando graves perjuicios para terceros” y confió en que las primeras diligencias de la instrucción “permitan desvelar ante el juzgado la inconsistencia de las denuncias que han originado estas actuaciones y que, en consecuencia, pueda acordar, a la mayor brevedad, al archivo de las mismas”.

Desde la aprobación de la ayuda a Plus Ultra del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, los grupos de la oposición la criticaron al considerar que la compañía no es estratégica ni solvente, requisitos establecidos para acceder al fondo de la SEPI, además de suscitar multitud de críticas por las supuestas conexiones de la compañía con Venezuela.