Por ello, la compañía australiana ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe de mejora voluntaria con el que complementa la solicitud inicial al CSN sobre el proyecto, que ha sido presentado de acuerdo con la legislación administrativa española.

El principal objetivo de este informe de mejora es que Transición Ecológica solicite al CSN que reevalúe su informe teniendo en cuenta la documentación presentada y los argumentos técnicos.

Asimismo, Berkeley también ha solicitado al Ministerio el acceso a expedientes de autorización de construcción y autorización de desmantelamiento de las instalaciones radiactivas de la Haba, en Badajoz, y Saelices El Chico, en Salamanca, instalaciones similares, debidamente autorizadas, y cuyo buen resultado ha sido ampliamente publicitado, para verificar que las condiciones impuestas a Berkeley no son diferentes a las previamente impuestas a instalaciones similares, ya autorizadas, y con un resultado práctico favorable.

Además, Berkeley recuerda que Javier Dies Llovera, miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, ha emitido un voto particular negativo en el que expone que las solicitudes realizadas por parte del CSN a la empresa eran “farragosas y difíciles de entender”. Además, desde su punto de vista, eran necesarias más reuniones técnicas entre expertos del CSN y de Berkeley para clarificar las evaluaciones.

En opinión de Berkeley, la decisión del CSN vulnera los principios más elementales de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, por lo tanto, del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica española.

Además, la compañía reclama que no haya injerencias por parte de la clase política, ya que la aprobación del proyecto de Retortillo es una decisión estrictamente técnica y se reafirma en que se aplique el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, ya que esta decisión puede poner en peligro futuras inversiones internacionales en el país.