Así lo indicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que informó sobre la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de 196.142 millones de euros de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Dicho límite de gasto, explicó Montero, prevé esta “transferencia equilibradora” para asumir gastos impropios de la Seguridad Social, siguiendo la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones.

De esta manera, la ministra señaló que los Presupuestos de 2022 cubrirán gran parte de estos gastos impropios, que cifró en 22.000 millones de euros, y aseguró que, “evidentemente, a lo largo de la legislatura cumpliremos con ese compromiso de asumir la parte de gastos impropios para librar al sistema de compromisos que no son estrictamente la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Así, Montero recordó que esos gastos impropios dan “la impresión falsa de que el sistema no sea sostenible en el futuro, cuando hemos trasladado que las pensiones de hoy y del futuro están plenamente garantizadas” y que se actualizarán con el IPC.

De cara a 2022 el Gobierno prevé un déficit público del 5%, del que 3,9 puntos corresponden a la administración central, 0,6 puntos a la comunidad autónoma y 0,5 puntos a la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

Estas previsiones muestran una variación respecto a las remitidas en abril a la Comisión Europea precisamente debido a la transferencia a la Seguridad Social, cuya estimación de déficit se reduce en 0,3 puntos que pasan a integrarse dentro de la previsión del desajuste de las cuentas de la administración central.